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Editorial

Ataques violentistas


 Por La Tribuna

De cuando en cuando, la zona cordillerana de nuestra provincia de Biobío se ve remecida por ataques perpetrados por grupos violentistas. El último de los hechos ocurrió en la noche del viernes y terminó con la destrucción de camiones y maquinaria de una empresa en el sector de Quilmes, correspondiente a la comuna de Quilaco.
La afectada fue una empresa constructora que laboraba en la zona para asfaltar un tramo del camino en esa localidad. Ciertamente que los afectados no son solo los dueños y sus empleados, sino que también la comunidad campesina, que hace años esperaba el mejoramiento de la ruta de acceso.
Incidentes de la misma naturaleza han ocurrido en toda el área circundante en los últimos años y que abarca a las comunas de Santa Bárbara, Alto Biobío y Mulchén. Los principales objetivos son camiones de empresas forestales y maquinaria especializada que suele emplearse para los movimientos de tierra.
Este mismo tipo de ataques violentistas es parte de la cotidianeidad de la denominada Macrozona Sur, que se concentra principalmente en el área norte de la región de La Araucanía y también en la provincia de Arauco. En ese gran territorio se observa una situación absolutamente fuera de control, con sucesivos ataques que incluso han dejado heridos a ciudadanos comunes y corrientes.
Todo lo anterior deja de manifiesto, una vez más, la incapacidad e inoperancia del Estado para evitar esos incidentes y, en el caso de que sucedan, detener y condenar a sus responsables.
Sin embargo, es bien sabido que la manera de enfrentar esta espiral de violencia –acentuada en los últimos años– va mucho más allá de un simple asunto de seguridad pública.
En democracia, la violencia nunca ha sido el mecanismo para la resolución de conflictos. Quienes con ese tipo de acciones pretenden reivindicar algún tipo de causa –social, étnica o de otra naturaleza– solo buscan la excusa para imponer posiciones extremas.
Al cabo, ahora mismo estamos siendo testigos de la mejor manera en que se deben resolver los conflictos. Lo estamos observando en el proceso de elaboración de una nueva Constitución. La elección de los 155 convencionales con paridad de género y escaños reservados para los pueblos originarios es la consecuencia de las masivas movilizaciones sociales que se iniciaron desde octubre de 2019. El acuerdo por la paz de noviembre de ese mismo año fue la manera en que se canalizó ese profundo descontento social, que llevó a articular un camino que debiera culminar a mediados del próximo año, cuando se presente la propuesta de nueva carta fundamental.
Más allá de las legítimas diferencias y posturas disímiles entre sus participantes, el país podrá observar cómo entre todos los participantes primará el diálogo para concordar puntos de vista, resolver las controversias y llegar a los necesarios acuerdos para la construcción de un país más justo.
En ese proceso, ciertamente que el uso de la violencia no tiene ni debe tener cabida alguna.

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