Convención Constitucional: la importancia de ordenar y encauzar la labor

Una lenta y porque no decirlo, accidentada primera semana tuvieron las sesiones de la Convención Constitucional, organismo electo para redactar la nueva Carga Magna de nuestro país, y que se oficializó el pasado domingo 4 de julio, con la ratificación de los 155 constitucionales constituyentes, y la elección de la directiva, liderada por Elisa Loncón.

En este primer hito, se definieron una serie de reuniones de cara a la organización de la Convención, y la definición de las metodologías de trabajo. No obstante, la sucesión de sesiones se dilató hasta el pasado miércoles, donde se adoptaron los primeros acuerdos, en votaciones que no estuvieron exentas de críticas (básicamente por el procedimiento).

La semana finalizó con un único acuerdo, la aprobación de una declaración sobre los presos de la revuelta. Con 105 votos a favor, 43 en contra y 10 abstenciones, la Convención demanda a los órganos del poder constituido tramitar con máxima celeridad, en este caso el Senado, el Proyecto de Ley de Indulto General. También demanda al Ejecutivo dar suma urgencia al Proyecto de Ley de Indulto General.

¿Qué implica esta declaración? a grandes rasgos se exige la desmilitarización del Wallmapu y que el indulto, en el caso de los presos mapuche, sea aplicable desde el año 2001.

Dicha instancia, fue votada dos veces, ya que en la primera ronda ningún texto alcanzó los votos necesarios, pues el redactado por la Lista del Pueblo y las constituyentes de pueblos originarios obtuvo 49 votos mientras que el redactado por el Comité Socialista y Apruebo Dignidad (PC+FA) alcanzó 52 sufragios.

Ante este panorama los constituyentes decidieron votar, en segunda vuelta, por la declaración que había tenido más votos, es decir, la del Comité Socialista y Apruebo Dignidad.  Logrando finalmente, su aprobación.

Pendientes quedaron entonces, temas que deberán ser resueltos la semana siguiente, que dicen relación con los nuevos cargos de la mesa directiva, la generación de comisiones que permitan agilizar las propuestas y el trabajo constitucional; y, por cierto, la definición en pandemia, de un protocolo Covid-19, para evitar contagios en las personas que están trabajando en torno al órgano redactor de la nueva Constitución.

Eso, únicamente para comenzar, porque sin duda urge, ordenar el funcionamiento y encauzar la tarea, de cara a la labor para lo que efectivamente fueron electos cada uno de los convencionales constituyentes: la redacción de la nueva Carta Magna, una que sea representativa de los anhelos de las y los ciudadanos chilenos. 

El plazo es breve, y la tarea gigante. No nos perdamos en el camino.