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Editorial

Parques solares


 Por La Tribuna

Cerca de 220 millones de dólares consideran los 22 proyectos de parques fotovoltaicos o solares –con aprobación ambiental o en proceso de obtenerla– que se ha considerado ejecutar solo para la comuna de Los Ángeles.

Desde que se ingresó a tramitación en el Servicio de Evaluación Ambiental la primera de esas inversiones –en abril de 2019–, el número de iniciativas que emplean la energía del sol para producir electricidad ha ido en sostenido aumento.

En general, se trata de proyectos cuya inversión promedia los 10 millones de dólares (7 mil 200 millones de pesos), que aprovechan la cercanía con el entramado de líneas de transmisión de energía existentes en la zona, factor fundamental que, en buena medida, explica el explosivo desarrollo de los parques fotovoltaicos. Además, cada uno de estos proyectos se instalará sobre terrenos cuya superficie oscila entre las 20 y las 30 hectáreas.

Fue en agosto del año pasado cuando se echó a andar un parque solar en Cabrero (está en el acceso a la comuna desde la ruta 5 Sur hacia el camino a Concepción), el primero de su tipo en la región y la provincia de Biobío y, a la sazón, el más austral del mundo en su momento. Cuando comiencen a operar los de la zona de Los Ángeles, ciertamente que desplazarán la frontera algunos kilómetros hacia el sur.

Sin duda que se trata de hito importante en la larga historia de la zona en cuanto a la producción de energía, que se inició a fines del siglo XIX cuando se instaló la primera planta hidroeléctrica en el sector El Arrayán, al poniente de Los Ángeles. En los últimos años, la fuerza del agua ha sido reemplazada por la del viento y, en el último bienio, por la energía del sol.

Sin embargo, la historia muy reciente con los parques eólicos nos señala, con absoluta claridad, que no se trata solo de instalar y operar los proyectos de generación de ese tipo, pese a emplear fuentes renovables. En buena medida, las manifestaciones en contra de los aerogeneradores que protagonizan las comunidades rurales de la zona poniente de Los Ángeles, se relacionan con la falta de información clara y oportuna sobre los impactos de ese tipo de inversiones, así como las acciones para mitigar dichos efectos. Ningún proyecto de esa envergadura es inocuo y los habitantes de las zonas que son parte del área de influencia deben saber en detalle lo que implica y lo que se hará para remediarlo.

Es deber de las empresas desarrolladoras y de las autoridades locales y sectoriales el propiciar instancias de participación ciudadana efectivas, incluso más allá de lo exigido por la Ley de Bases del Medio Ambiente.

Se trata de hacer un esfuerzo genuino y honesto que construya una relación de confianza que compatibilice la necesidad de generar energía con mantener la calidad de vida de los habitantes de las zonas afectadas.

Proyectos de esta naturaleza deben tener el visto bueno de la ciudadanía, ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de enfrentar la decidida oposición de comunidades que, cada más empoderadas, exigen estándares más altos para validar inversiones de esa cuantía.

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