Lugares comunes

Suele ser un lugar común fustigar el rol de la política, particularmente de quienes ejercen esa actividad: los políticos. Es que la valoración y credibilidad de sus instituciones más representativas, como el Congreso, el Gobierno y los partidos políticos, se sitúan en el piso de la aprobación en cualquier encuesta de percepción ciudadana. Desde el retorno de la democracia, a principio de los años 90, que los niveles de desaprobación no eran tan rotundos ni categóricos.

En buena medida, los resultados de las recientes elecciones -particularmente marcadas por la irrupción de candidatos independientes que obtuvieron la mayor parte de los cupos para la Convención Constituyente- dejaron en evidencia la distancia entre las colectividades políticas y sus electores. Estos últimos, de manera masiva, les dieron la oportunidad a nuevos actores para una tarea especialmente importante y sensible: la elaboración de la nueva Constitución Política.

El estallido social de fines de 2019 y el manejo sanitario por la pandemia del coronavirus agrietaron aún más ese deteriorado estado del puente de la confianza que debe necesariamente existir entre los ciudadanos y sus representantes en las esferas del poder.

Fustigar al Presidente de la República, sus ministros, diputados y senadores por lo hecho, realizado a medias o a destiempo, o simplemente porque no se puso en marcha, se ha convertido en un lugar común para quienes quieren despotricar en contra de esta actividad. En medio de este escenario, reconocer los méritos de tal o cual acción realizada por los políticos está sujeto al más duro de los escarnios públicos.

Sin embargo, la aprobación del nuevo proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que llegará a más de siete millones de hogares sin mayores requisitos ni condiciones (salvo estar inscrito en el Registro Social de Hogares) con el fin de paliar las consecuencias de la crisis económica ocasionada por la pandemia del Covid-19, es una demostración de que cuando está presente el bien superior del país, perfectamente se puede llegar a acuerdos generales. Más allá de las naturales diferencias sobre el alcance de las ayudas y el monto de los dineros que se entregarán a las familias, ciertamente que lo obrado es representación de lo que podría llamarse como buena política.

No fue un proceso fácil. Partió a fines de abril, cuando el Congreso tramitó y aprobó el proyecto de ley para el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones. El rechazo del Ejecutivo a esta iniciativa desencadenó un conflicto entre el Gobierno y el Legislativo, que no siguió escalando luego de que el Tribunal Constitucional no diera lugar a la presentación del Presidente Sebastián Piñera.

De esa situación de crisis y crispación surgió un concepto: mínimos comunes. En suma, un llamado a fijar un piso de medidas para las familias y las pequeñas y medianas empresas (pymes), que han sido las más afectadas por esta condición sanitaria excepcional. La semana pasada se legisló a toda velocidad para que a fines de este mes y principios de julio se comience a entregar la primera remesa de ayuda. En la actualidad, se está trabajando aprisa en el Congreso para aprobar un conjunto de medidas para las pymes y entregarles un alivio a un sector que genera más del 60% de los puestos de trabajo.

Aunque se puede fustigar -con razón- que este tipo de ayudas debieron haberse aprobado con mayor antelación, efectivamente se puede verificar que están en la línea con el propósito último de la actividad política: velar por el bien común. Eso es lo que se ha hecho y hay que reconocerlo.