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Editorial

Buena política


 Por La Tribuna

Justo en el día en que se reanudaron las campañas de cara al mega-proceso electoral de mediados de mayo en que deberá votar por alcaldes, concejales, gobernadores regionales y convencionales constituyentes, la encuesta de opinión del Centro de Estudios Públicos (CEP) releva la urgente e imperiosa necesidad de mejorar la calidad de la política.

En el estudio realizado entre el 12 y el 23 de abril, la CEP desnuda un hecho que se viene acentuando en los últimos años: la pésima evaluación ciudadana sobre el quehacer de los organismos públicos, trasuntando una severa crisis de confianza en las instituciones, lo cual ciertamente que deja la puerta abierta para el surgimiento de caudillismos de muy dudoso proceder e intenciones.

Es que lo que debieran ser las instancias más representativas para el ciudadano común y corriente – como el Gobierno, el Congreso Nacional y los partidos políticos-, están en los últimos lugares respecto de su nivel de confianza.

Por ejemplo, la confianza de la gente en el Gobierno es de apenas un 9%. Claro, alguien dirá que está tres puntos por sobre la medición realizada en diciembre de 2019 pero los números siguen siendo demasiado elocuentes para siquiera pensar en que se ha recuperado terreno.

Por su parte, el Congreso Nacional estuvo aún peor: logró un 8% de aprobación ciudadana, superando el 3% que marcó en el sondeo previo. Sin embargo, ambas instituciones se ubicaron como las instituciones con peores registros, junto con los partidos políticos, que obtuvieron apenas consiguieron un 2%.

En el lado opuesto de la medalla están instituciones como la Policía de Investigaciones (PDI) y las radios, con 53% y 51% de aprobación, respectivamente. Más atrás están las Fuerzas Armadas (37%), Carabineros (30%), municipalidades (27%), diarios (25%), sindicatos (22%) y las redes sociales (21%). Le siguen las iglesias (católica y evangélica) con un 17% y las empresas privadas con 14%. El listado continúa con los tribunales de justicia (12%), la televisión y el Ministerio Público (11%).

Los datos debieran ser un severo llamado de atención para aquellos que ahora están en plena campaña para ocupar algún cargo de elección popular, como los que se deberán votar el 15 y 16 de mayo.

Porque las instituciones públicas, como los poderes Ejecutivo y Legislativo que están severamente cuestionados por la ciudadanía, tiene su origen en la voluntad popular y, por lo mismo, cumplen un rol fundamental para la marcha de la nación.

Será necesario, en consecuencia, hacer un acto de constricción que admita todo aquello que se ha hecho mal, que restañe las confianzas dañadas, que aplique sensatez y mesura, que instale el diálogo como la herramienta que permita acercar posiciones y resolver controversias, que su propósito y su fin sea responder a los anhelos, necesidades y problemas una sociedad que está en constante evolución.

En suma, especialmente aquellos postulantes que se someterán al escrutinio popular y aquellos que lo harán en los comicios de diciembre, de lo que se trata es de recuperar la saludable costumbre de hacer “buena política”, esa que se construye a partir del diálogo, la participación y velando siempre por el bien común.

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