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Editorial

Centrales hidroeléctricas e información


 Por La Tribuna

Debieron pasar más de 60 años para que se transparentara la operación de las centrales hidroeléctricas en la provincia de Biobío. Desde que Colbún iniciara hace ya un lustro una serie de rondas informativas sobre su central Angostura – que está entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco-, los residentes de las comunidades ribereñas pudieron conocer su funcionamiento, las horas de mayor actividad y qué medidas se implementan cuando se producen grandes crecidas en el volumen de agua del río Biobío.

Desde que se empezó a aprovechar el potencial hidroeléctrico de la zona, que ha convertido a la provincia de Biobío en el corazón energético del país, que los habitantes de las márgenes de ese curso fluvial son informados sobre las situaciones que puedan cambiar el comportamiento. Lo importante es que, a través de un trabajo sistemático y permanente, además de información, se ha entregado tranquilidad en una temática que antes siempre permanecía en una insondable oscuridad.

Es que desde que se puso en marcha en la zona de Antuco la primera central generadora – Abanico, en 1949 -, el funcionamiento de las plantas hidroeléctricas era una materia circunscrita a un grupo de especialistas que respondían, básicamente, a la lógica de una optimización de las operaciones en función de la creciente demanda de energía.

Esto dio pie al surgimiento de todo tipo de rumores y conjeturas sobre el impacto de este tipo de iniciativas energéticas que encontraban terreno fértil para crecer e instalarse como certezas ante la ausencia de procesos de información a la comunidad.

Con los años, se fueron sumando más plantas energéticas. Así sucedió con El Toro, Antuco, Rucúe y Quilleco, que usan las aguas del lago y el río Laja; también con Pangue, Ralco, Palmucho y Angostura, en el curso superior del río Biobío. A futuro, se proyectan otras más como Rucalhue, en Quilaco, y la central Frontera (en San Carlos de Purén), al sur de Los Ángeles.

Se ha tratado de inversiones enormes que demandaron años de esfuerzos de cientos de miles de trabajadores que permitieron su puesta en operaciones. Pero las comunidades, el entorno, sus pobladores, no eran considerados en lo más mínimo.

Recién a fines de los ’90, con la construcción de Ralco, algo empezó a cambiar al incorporarse la variable medio ambiental al proceso de obtención de los permisos para su construcción. Debieron pasar más de 10 años para que con la central Angostura se perfilara un camino más activo de la participación ciudadana, incluso desde las etapas previas al inicio de las obras.

Es que también las exigencias de las comunidades son distintas. La necesidad de transparentar esos procesos, que ya ha hecho el Estado a través de todos sus organismos, ha permeado también a las empresas que lo han incorporado en su diario quehacer como parte de la necesidad de responder a estas nuevas exigencias de las personas, de los ciudadanos comunes y corrientes que ahora asumen un rol mucho más proactivo respecto de los asuntos que le puedan afectar.

Al cabo, todo lo anterior ha permitido la constante de entrega de información sobre la operación de la represa de la central Angostura. Sin duda, falta mucho por avanzar con el fin de llevar información oportuna y eficaz a quienes viven a lo largo de todo el río afectado por esa planta generadora pero es una señal positiva respecto de lo que se debe hacer en ese punto. Reiteramos, no solo en función de proporcionar información, sino también se llevar tranquilidad a quienes viven en el entorno.

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