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Editorial

Crisis en las pymes del turismo


 Por La Tribuna

Los datos entregados la semana pasada en la encuesta del Consejo Provincial de Turismo de Biobío son lapidarios y desnudan una muy compleja situación del sector de turismo de la zona que se debe enfrentar desde la autoridad.

Es que el estallido social iniciado en octubre del año pasado afectó al rubro con especial dureza, a lo que ahora se sumó la emergencia por la pandemia del coronavirus que fue una suerte de golpe de gracia que tiene a varios empresarios al borde del cierre de sus negocios.

La información fue recopilada a partir de una encuesta hecha a 53 empresas del sector turismo, todas ellas pequeñas y medianas, como restaurantes, agencias de viaje y hoteles. Los datos son elocuentes: 46% tienen créditos atrasados y un 66.6% no está al día en sus pagos (es decir, dos de cada tres tiene mora en los compromisos con el sistema bancario o sus proveedores).

Más datos: de octubre a la fecha, un 41% de las empresas está en el boletín de informaciones comerciales, conocido como Dicom. Como si fuera poco, la encuesta reveló que en un 58,8% de los casos, las pymes del rubro turístico no son dueñas de las propiedades ni de los locales en que desarrollan su actividad, lo que hace presumir que tendrán serios problemas para pagar los respectivos arriendos o, definitivamente, estarán impedidos de hacerlo por la brutal caída en la actividad económica.

Y no se trata únicamente de empresas golpeadas. Solo en esas 53 pymes del rubro turístico que fueron consultadas hay más de mil personas, entre empleados y sus familias, que podrían tener una merma en sus ingresos o, derechamente, pueden perder sus empleos. Y eso que no consideran a empresas de las distintas comunas de la provincia de Biobío, cuya actividad depende de la presencia de turistas y visitantes.

Por lo mismo, de acuerdo a la citada encuesta, buena parte de estas pymes en Biobío (59%) prevé muy posible que en los próximos meses pueden caer en mora con sus acreedores en el sistema financiero.

Y como si fuera un círculo vicioso, la caída en insolvencia ocasionará que buena parte de esas pequeñas y medianas compañías definitivamente quede fuera de la alternativa abierta por el gobierno para inyectarles liquidez en los meses venideros, a través del fortalecimiento del Fondo de Garantías para Pequeñas Empresas, que permitirá otorgar créditos a una tasa de interés preferencial (equivalente a cero, según el ministro de Hacienda, Ignacio Briones). Es que es bien sabido que el sistema bancario bloquea de entrada a todos los que estén atrasados en el pago de sus compromisos financieros, es prácticamente imposible que esa opción pueda favorecer a dichas pymes.

Tomando en cuenta que las proyecciones más optimistas sitúan el retorno a la actividad recién a contar de agosto en adelante, el panorama se observa tremendamente sombrío para la mitad de este año 2020.

De ahí que se hace urgente que la autoridad del nivel central considere una alternativa para socorrer a este importante rubro de la actividad económica local, opciones que vislumbren la realidad financiera que tiene a varias pymes a punto de zozobrar en este mar de incertidumbre. Se necesitan medidas que, con los resguardos de rigor para evitar la aparición de aprovechadores de siempre, tomen en cuenta la situación financiera y le otorguen una opción de viabilidad en el tiempo.

De lo contrario, se corre el riesgo que esa actividad, unido a varios otros rubros que han resentido duramente su producción debido a la pandemia, caiga en una profunda crisis que tarde años en recuperar, rememorando el fantasma de los años ’80 cuando el país debió enfrentar una brutal hecatombe económica que disparó las tasas de cesantía al 25 por ciento, con miles de personas en condición de pobreza y de miseria.

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