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Editorial

Críticas a la elección de Gobernación regional


 Por La Tribuna

Tal como lo hizo en medio del punto más álgido del estallido social al anunciar la realización de una consulta ciudadana, la Asociación Chilena de Municipalidades busca ahora hacer avanzar otro tema que está latente y que parece completamente frenado a la luz de la agenda política y social actual: la próxima elección de gobierno regional, que según la ley vigente, está fijada para el próximo octubre.

Antes del estallido social, no fueron pocos los sectores que postularon la necesidad de retrasar la elección, o al menos revisarla ante la opción de que el cargo quedara con pocas capacidades inserto entre la delegación presidencial regional (figura que reemplazará a la actual Intendencia) y la delegación presidencial provincial (actual gobernador provincial).

Ahora, con el estallido social dominando la agenda legislativa y política, como también acaparando el interés social, el proyecto de reforma a la ley que crea la figura de la Gobernación regional y sus competencias está todavía siendo retocado y se espera que la Subsecretaría de Desarrollo Regional lo presente recién en marzo.

Allí debería quedar subsanado el tema, por ejemplo, de la transferencia de competencias que deben hacer los ministerios, la Intendencia, la Gobernación regional y el mismo gobierno nacional a la nueva figura. En el texto actual no está fijado y desde La Moneda reconocen que la ley que aprobó las elecciones para octubre de 2020 “pudo ser mejor”.

En medio de ese río revuelto, las municipalidades salieron a tratar de repetir la fórmula y darle tracción al tema. Plantean, con toda propiedad, que no está claro de dónde surgirán los recursos que manejará la nueva entidad. Sospechan que podría recortarse del ya magro presupuesto con que cuentan los municipios. Esa, junto a otras incógnitas que rondan ahora al cargo, tendrán que despejarse lo antes posible para poder avanzar.

Otro flanco lo abren quienes plantean que la elección se dará en medio de la discusión constitucional y se preguntan si no sería mejor incorporar en la Constitución el objetivo descentralizador por el cual se creó la nueva figura de la Gobernación regional. Ese parece un punto con mucho sentido.

Con todo, es necesario avanzar rápidamente en la definición de estos temas para que los partidos puedan encontrar a los candidatos que cada región se merece, y a su vez el electorado pueda informarse y decidir con la seriedad que el proceso se merece.

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