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Editorial

Discapacidad y acceso a la educación


 Por La Tribuna

En Chile, más de 545 mil personas entre 18 y 44 años presentan alguna situación de discapacidad. De esta población, solo el 9% cuenta con estudios superiores, a diferencia del 20% de las personas sin discapacidad, lo que se debe en gran medida a las barreras para el acceso y más aún para el desarrollo en un sistema educativo que les permita egresar e incorporarse al mundo laboral, ya sea de manera dependiente o independiente.

Lo anterior constituye una brecha y un incumplimiento de nuestro país con las personas con discapacidad, ya que la convención internacional sobre los derechos de esta población, ratificada por Chile en 2008, obliga a los Estados a garantizar una inclusión en la educación que sea transversal a todos los niveles.

En relación con el acceso a la educación superior, este año ocurrió un hito en la aplicación de la Prueba de Selección Universitaria, ya que se aprobaron mil 324 solicitudes de adecuaciones y apoyos de personas con discapacidad, lo que permitió doblar la cantidad de estudiantes en esta situación que rindieran la prueba. Sin embargo, esto no agota las posibilidades de que el estudiantado con discapacidad pueda ser parte de una educación inclusiva, tanto en la etapa escolar como en el nivel superior.

En la actualidad, la Ley N° 20.422 establece que las instituciones de educación técnico-profesional y universitaria deben garantizar ajustes razonables para el acceso de las personas con discapacidad y para su óptimo desempeño en el aula. No obstante, se desconocen los estándares para este tipo de iniciativas.

Es así que las recomendaciones para una política pública efectiva en esta materia apuntan directamente a elaborar una reglamentación específica que asegure el acceso y participación de estudiantes con discapacidad, generando mecanismos que favorezcan la transición desde la enseñanza media a superior, fomentando un trabajo colaborativo que articule a los actores del ecosistema de educación para que esta población tenga claridad de la ruta y apoyos existentes no solo para el ingreso, sino para la permanencia y egreso en igualdad de condiciones.

Por último, urge contar con una línea de base que nos permita identificar el estatus actual de inclusión de estudiantes con discapacidad en el nivel superior, y a su vez contar con una sistematización de datos para el diseño de políticas y programas focalizados en derribar las barreras que hoy no les permiten ser parte del desarrollo de manera autónoma como sujetos de derecho y no de protección.

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