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Editorial

La historia es necesaria: el origen del estallido social en Biobío


 Por La Tribuna

A 51 días del estallido social, el país ya no es el mismo. El 18 de octubre comenzó un proceso de manifestaciones ciudadanas en Santiago, que rápidamente se extendió a todo el país producto del descontento ciudadano del que nadie ha quedado indiferente.  

El tema era asunto obligado en cada rincón del país mientras en Los Ángeles más de 5 mil personas se daban cita en el festival Por la Acción Climática, la tarde del sábado 19 de octubre en la Plaza de Armas de la ciudad como parte del proyecto “Líderes Ciudadanos por la Acción Climática” de COP25.

En el escenario estaba la banda angelina Yámana con la canción “Pa’ construir”. Aproximándose en ese momento a los músicos, un grupo compuesto por cerca de 150 personas, que levantando banderas y pancartas, se sumaban a las demandas ciudadanas, pidiendo micrófono y silenciando por minutos a los artistas y sus instrumentos. Así, solidarizaron con el movimiento ciudadano en medio de muestras de apoyo por parte del público que, en gran número, llegó esa tarde a la Plaza de Armas, donde al paso de los minutos, retomaba el espectáculo de la banda angelina como parte del festival que incluía al humorista León Murillo y a Gepe. Nadie quedó indiferente. El estallido social recién comenzaba.

Desde el gobierno y el Congreso se anuncian modificaciones y una agenda social que deberá considerar cambios profundos centrados en las demandas sociales. Chile ya no es el mismo, sin considerar el impacto económico, cultural, político y emocional que afecta a la sociedad, siendo parte de los giros que toma nuestro país desde mediados de octubre último y que son mirados desde el resto de Latinoamérica y el mundo.     

Todos los días, en medio de las marchas, de las intervenciones urbanas, cabildos y distintas expresiones que nacen de las legítimas demandas sociales también surgen hechos de violencia que se deben perseguir penalmente como tales. Es imperioso garantizar una base de justicia social, que permita una convivencia en paz, reconociendo la dignidad de todos y todas, con derechos y deberes.

Todo es discutible y con posibilidad de mejorar en el tiempo. En concreto, como parte de las demandas, ya se viene la Consulta Ciudadana que se realizará el próximo 15 de diciembre en todo el país, con un 90% de adhesión en municipios de la región del Biobío, anunciaba ayer, minutos antes de las 13:00 horas, el alcalde de Cabrero, Mario Gierke, como vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades.

Mediante el proceso se busca conocer la opinión de la ciudadanía respecto del proceso que llevará al país a tener una nueva Constitución, cuya idea surgió a partir de las movilizaciones ciudadanas y que se realizará pese al acuerdo parlamentario alcanzado en materia constitucional y que fijó un plebiscito para el próximo mes de abril.

Todo es perfectible o mejorable en materia de leyes, conflictos o demandas.

La única excepción es la que afecta directamente a más de  

220 personas se encuentran con trauma ocular irreversible, según el informe entregado por la Corporación de Mujeres Ciegas y Baja Visión de Chile, que lamenta profundamente lo ocurrido en las diferentes manifestaciones en nuestro país.

El interés de la opinión pública se encuentra puesto en estas 220 personas, a las que la vida les cambió para siempre. Sin embargo, en Chile hay aproximadamente 800.000 personas ciegas y baja visión a las que el Estado no les asegura calidad de vida, sin reconocer la rehabilitación como necesaria para vivir y ejercer nuestros deberes y derechos.

Se plantea que el decreto 300, que regula las capacitaciones básicas y laborales a las que la rehabilitación básica funcional, ha tenido que ajustarse para rehabilitar a las personas que así lo requieren, para así poder continuar con sus vidas de manera autónoma e independiente. Este decreto hoy ha sido derogado y ya no habría financiamiento para quienes den el paso a vivir con dignidad, mejorando su calidad de vida.

En este sentido, las mujeres pertenecientes a la Corporación de Mujeres Ciegas y Baja Visión de Chile claramente solidarizan con quienes han sido víctimas de distintos incidentes con severo impacto y en paralelo solicitan al gobierno de turno, reconocer que la rehabilitación básica funcional es necesaria para las personas que presentan discapacidad visual y la habilitación para quienes presentan discapacidad visual congénita, siendo este un derecho que debe otorgarse sin ningún tipo de objeción.

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