Acusación contra el Presidente

En la jornada de ayer, un grupo de once parlamentarios de oposición presentaron ante la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera por lo que llamaron un atentado contra los Derechos Humanos de los manifestantes en este mes de protestas ciudadanas a lo largo del país.

Conscientes de que

no tendrán el apoyo en el Senado, cámara en la que se necesita al menos 2/3 de

aprobación para continuar con la acusación, los diputados que presentaron el

libelo aseguran que alguien debe hacerse responsable por el actuar de

Carabineros y del Ejército durante el estallido social, que ya tiene más de 20

muertos y cientos de heridos.

La medida ha sido

catalogada como política y, sin duda lo es. Prueba de ello es que la valoración

por parte de la cámara también lo es y por eso es fácil adelantarse a un

resultado negativo para los parlamentarios. En ningún momento se hablará de

verdadera justicia, sino que se tratará de un gallito entre quienes quieren

destituir al Presidente y entre quienes quieren mantenerlo en su cargo hasta el

final. La mayoría parece tenerla el segundo grupo, que ve el intento de una

acusación como un error político y hasta como una movida que podría

desestabilizar todavía más el país.

De todos lados han

salido argumentos para defender y criticar el actuar de los parlamentarios,

quienes tienen razón en al menos un punto: la necesidad de justicia. ¿Es el

momento? Quizás no. Tampoco la forma, porque si se requiere verdadera justicia

entonces la acusación debería ser presentada en los tribunales, sobre todo si

se trata de violaciones a los Derechos Humanos.

Los diputados que

presentaron la acusación constitucional ocuparon una herramienta que consagra

la Carta Magna nacida en la dictadura, la misma que buscan ahora eliminar y

reescribir. Quizás la mejor opción para defender a los afectados es esperar el

momento oportuno, cuando el país pueda empezar un proceso de reparación, verdad

y justicia.