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La Tribuna

La seguridad como moneda política

por Sebastián Carrizo

Hace dos semanas, el

país se enteró de la terrible noticia de un estudiante de Puerto Montt que fue

baleado por otro integrante del establecimiento educacional, quien según los

primeros reportes tenía intenciones de realizar una matanza al estilo de las

ocurridas en Estados Unidos, según se pudo establecer por la carta que escribió

antes de ir al lugar. Inmediatamente, el Presidente Sebastián Piñera le dio

máxima celeridad a la idea de aprobar la modificación a la Ley Antiterrorista y

el proyecto de control preventivo de identidad, que incluye a menores a partir

de los 14 años. Esto tras el lamentable hecho en Puerto Montt y ataques

incendiarios registrados en Biobío en las últimas semanas.

A juzgar por la

oportunidad en la que se presenta el impulso al proyecto, en momentos en que

Piñera asegura que la inmensa mayoría de los chilenos quieren vivir en paz,

se pretende aprovechar ese interés para presionar a los parlamentarios a

aprobar las leyes o enfrentar la responsabilidad pública si no lo hacen.

El Presidente tiene

razón en una cosa: la mayoría de los chilenos quiere vivir en paz. Es más,

probablemente todos los habitantes del país quieran eso, sin distinciones. Sin

embargo, el riesgo de apurar la aprobación de una ley antiterrorista por un

evento particular es que lo aprobado responda justamente al momento pero no se

adapte al futuro, como debería ser cada ley que se dicte en la República.

Otro proyecto, aquel

de la revisión de mochilas a los estudiantes, o el control de identidad a los

jóvenes de 14 años, también se ponen a la fila después de estos incidentes

delictuales.

Por el otro lado, la

abstención de los diputados del Frente Amplio en la votación por el proyecto

que condena con más dureza los denominados portonazos, que dicho sea de paso

nació como respuesta a un grave hecho ocurrido en enero en el que murió un

joven en Santiago víctima de un violento portonazo, es poco comprensible.

Tal parece que la

seguridad y la violencia pública se utiliza como botín para lograr figuración y

más votos en las elecciones.    

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