La desaparición de personas que no han podido ser ubicadas en un corto plazo de tiempo, ha puesto en jaque el sistema que se ocupa actualmente y que tiene relación con lo que se hace y trabaja desde el Ministerio Público.
La cifras son preocupantes y es que según datos entregados por la diputada Joanna Pérez, se presentan 25.000 denuncias por presunta desgracia al año. Cifra muy elevada y que en el 90% de los casos se resuelve de buena manera, por lo que los casos que no son resueltos llegan a los mil al año.
La región y la provincia de Biobío no están ajenos a estos casos y han sido emblemáticos en el último tiempo.
El bullado caso de la desaparición de Karen Sepúlveda Venegas en el sector las Chilcas en Antuco, el pasado 24 de enero ha sido uno de los más mediáticos en la zona y pese al amplio despliegue de distintos entes, poco y nada se sabe acerca de ella.
Ante todo ello, es que la diputada Joanna Pérez, presentó un proyecto que busca coordinar y normar procedimientos al respecto.
Lo primero es idear una base de datos con los procedimientos de este tipo y lo segundo es materializar de mejor forma todo el protocolo que se lleva a cabo.
El sistema emitirá un informe cada vez que se ingrese una denuncia por extravío, la que en forma automática será direccionada al fiscal de turno, perteneciente a la Fiscalía en donde se hubiese perdido el contacto del extraviado si se conociere, de lo contrario, al del último domicilio conocido que éste tuviese en Chile.
Asimismo, será la propia base de datos que emita una hipótesis del extravío.
La iniciativa sin lugar a dudas aparece como muy positiva y es que ayudaría de gran forma a lo que hoy se hace, que si bien no es malo, sí está en condiciones de mejorarse.
Además ayudaría a tener mejores cifras, ello considerando que Carabineros maneja una y PDI otra, por lo que esto permitiría unificar y solucionar algunos detalles en cuanto, precisamente a los protocolos que se hacen al respecto.
¿Podría haber ayudado un protocolo así en la desaparición de Karen? Eso no se puede saber, pero si se puede implementar para los siguientes casos, ¿por qué no hacerlo?
Como idea no suena mal, ahora todo tendrá que definirse en el Parlamento.