Caso Luchsinger y lo incomprensible de la Corte Suprema

El pasado miércoles, conocimos el fallo de la Corte Suprema de Justicia de nuestro país en relación al denominado Caso Luchsinger, en donde un grupo de personas mató cobardemente a un matrimonio, quemándolos vivos en su propiedad, como una manera de revindicar las demandas territoriales. Una señal de alerta para todos quienes viven ahí, pero que finalmente no fue considerada terrorismo.

¿Qué dice el texto?, lo siguiente: “para satisfacer las exigencias del artículo 1 de la Ley N° 18.314 y así poder calificar de terrorista la conducta atribuida a los recurrentes, debió necesariamente establecerse por el tribunal a quo que la finalidad de los agentes, al ejecutar el hecho punible, haya sido indubitadamente la de causar en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie. Pues bien, no obstante no ser despreciable el contexto aludido en la sentencia revisada, dicho elemento por si solo impide tener por acreditada tal finalidad, máxime si la intencionalidad exigida por la ley debe necesariamente ser demostrada a través de antecedentes objetivos que no se encuentran presentes en la especie, en cuanto no existen indicios suficientes para darla por establecida. Conforme lo anteriormente razonado, no habiéndose acreditado en

autos la intencionalidad de los agentes, mal podría calificarse como conducta terrorista el ilícito que se les imputa”.

La pregunta que queda sin respuesta frente a este veredicto final es, ¿quién hizo mal su trabajo? ¿La fiscalía, los jueces, las policías, los abogados? Probablemente nunca lo sabremos.

Es difícil ponerse en los zapatos de una familia a la cual sus pilares fueron asesinados con fuego. Sólo personas que hayan vivido este dolor, podrán darse cuenta de lo desesperanzadora que ha sido la decisión del máximo tribunal del país.

De esta manera, se desestima una vez más que en la región de La Araucanía y Biobío, existan comportamientos o ataques terroristas. Una verdadera patada en la cara para quienes sufren diariamente de estos eufemismos judiciales llamados “violencia rural”.