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Editorial

No lo podemos permitir

 No podemos aceptar que las empresas se empiecen a ir de la zona, debido a la inoperancia del Estado por otorgar la seguridad para el desarrollo comercial y de la vida de las personas. Sin diálogo, no puede haber consensos.


 Por La Tribuna

17-07-2018_20-05-051__1

El día de ayer, por medio de La Tribuna, se pudo conocer la lamentable decisión del cierre definitivo de la Central Boquiamargo en Alto Biobío, tras las millonarias pérdidas que dejó un ataque incendiario. Dicha información fue comunicada directamente a la gobernadora de la provincia de Biobío, María Teresa Browne por parte de Otto Wild, empresario y dueño de la empresa.

Este caso sería un verdadero hito en nuestra provincia, ya que es la primera compañía que cesa de sus operaciones debido a la “violencia rural”, como han querido denominar al vandalismo y verdadero comportamiento terroristas de un grupo pequeño de personas, que atribuyéndose una demanda de tierras, optan por causar un daño desproporcionado para manifestarse.

Este hecho, que parece aislado dentro de los medios de comunicación nacional, reviste de gran gravedad y tanto el Gobierno como la fiscalía y el poder judicial deben actuar en consecuencia a la magnitud que está teniendo el problema, ya que como es costumbre, son incapaces de liderar investigaciones conducentes a detener a los responsables y colocarlos frente a la justicia para que paguen por lo que están haciendo.

Cuesta pensar que los integrantes de comunidades de Alto Biobío, puedan estar insertos en estos grupos delictuales. Si hay algo que ha caracterizado positivamente a estos vecinos de nuestra provincia, es que son capaces de enfrentar diálogos, conversaciones y acuerdos conducentes a restablecer sus derechos, pero dentro del marco legal. Sería bueno que las autoridades valoraran esto y no sólo actuaran con quienes incendian el sur. Si no, demuestran y validan estas conductas por sobre los que se comportan pacíficamente y respetando el estado de derecho.

La provincia requiere mayor vigilancia policial. Es impopular decirlo, pero nadie quiere que le quemen sus casas, sus emprendimientos, sus negocios o empresas. Detrás de cada acto delictual, independiente de la condición económica de las víctimas, hay un detrimento injusto. La causa indígena no es culpa de los que hoy viven o se instalan ahí, es una cuestión política que no han sido capaces de resolver ninguno de los gobiernos democráticos.

Por otro lado, la inteligencia policial ha fracasado una y otra vez junto a los fiscales, dejando una sensación de bajo nivel de trabajo en la ciudadanía.

No podemos aceptar que las empresas se empiecen a ir de la zona, debido a la inoperancia del Estado por otorgar la seguridad para el desarrollo comercial y de la vida de las personas. Sin diálogo, no puede haber consensos.

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