El caso Caval, ha sido quizás el gatillante del desplome de la popularidad y confianza en la Presidenta de la República Michelle Bachelet.
Obviamente, el hecho que su hijo se vea involucrado en este proceso, inmediatamente la afectó como líder de este país.
Sin embargo, el pasado martes, la Corte de Apelaciones de Rancagua, acogió la solicitud de sobreseimiento del hijo de la Presidenta, Sebastián Dávalos Bachelet, quien tras esta determinación, acusó al Ministerio Público, de no seguir una investigación de carácter judicial, sino más bien de tipo política.
No contento con esto, acusó de corrupta a la Fiscalía, señalando que "no me extrañaría que la corrupta fiscalía trate de formalizarme por un delito inexistente".
Surge entonces la interrogante: ¿les parece correcto que el hijo de la Presidenta de la República se refiera así, con una acusación tan grave a la Fiscalía? Bueno, a la ministra vocera de gobierno, Paula Narváez no. Incluso lo defendió indicando que Dávalos “ha hecho uso de un derecho que es el derecho de la libertad de expresión”, una declaración que no corresponde al Gobierno de todos los chilenos emitir.
La ministra Paula Narváez, nuevamente cae en defensa o publicidad de acciones que no tiene relación directa con el gobierno que representa. Ya se vio hace unas semanas, prácticamente como la vocera de Alejandro Guillier, ex candidato presidencial de su bloque.
Que el hijo de la presidenta tilde de corrupto a un organismo público del Estado y que una ministra lo justifique, aunque se le quiera bajar el perfil, es grave. Una falta de respeto, amparada por el poder ejecutivo.
Más delicado aún es esto, debido a que ha sido la propia mandataria tras estallar el caso Caval, quien inició un trabajo legislativo para perseguir la corrupción, indicando que “Chile no acepta corrupción ni abusos”.
En lo que se escuda la secretaria de Estado, respecto a la libertad de expresión, cabe indicar que el artículo 19 de la Constitución, indica que en Chile existe “la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley”.
Frente a esto, hoy la Fiscalía tiene todo el derecho, tras ser ofendida injustamente, a menos que Dávalos pruebe que es un organismo corrupto, a interponer acciones legales contra Dávalos y a exigir una declaración o rectificación al respecto.