Como medio de comunicación recibimos a diario numerosas denuncias de ciudadanos que se sienten afectados por diferentes situaciones. Muchas de ellas no tienen asidero y resultan ser sólo reclamos infundados, pero muchas otras si corresponden ser investigadas, ya que, tras ellas, se descubren abusos o negligencias de parte de funcionarios del aparato público o de otras instituciones.
Durante largos años en Chile no era común ver a personas reclamando sus derechos cuando sentían que éstos eran pasados a llevar. Bueno, para ayuda de todos, eso ha ido cambiando y es importante educar a la ciudadanía respecto de la existencia de las Oficinas de Informaciones, Reclamos y/o Sugerencias (OIRS) en todas las instituciones públicas.
Como personas naturales tenemos el derecho de exigir un servicio de calidad al Estado y cuando no se nos brinda podemos recurrir a esta instancia para estampar nuestro disgusto. Para ello, por ley los servicios públicos tienen un plazo máximo de 20 días hábiles para responder al usuario.
Como ciudadanos también debemos velar y exigir que estas condiciones se cumplan en el ámbito que sea: salud, educación, trabajo, seguridad, previsión, etcétera.
A través de nuestro medio, recientemente, informamos dos casos de ciudadanos que, sintiéndose perjudicados por la pérdida de sus pertenencias mientras permanecieron detenidos en dependencia de Carabineros, acudieron a las OIRS respectiva e interpusieron sus reclamos.
Una de estas denuncias resultó infundada tras la investigación realizada por la institución acusada, pero en la otra situación se logró verificar que, efectivamente, hubo una negligencia que le costó una sanción disciplinaria a un funcionario, mientras que otro se fue a retiro.
Más allá de si a veces los plazos se cumplen de acuerdo a la ley o no, lo importante destacar acá es que si existen estos procedimientos y están debidamente validados por ley, entonces, como ciudadanos es nuestro deber hacerlos funcionar según la legislación.
Creo que es importante rescatar y resaltar la actitud cívica de reclamar en las instancias respectivas, ocupando las herramientas que para ello el Estado pone a disposición de los ciudadanos, para de esa forma respaldar nuestras denuncias y así acudir luego a otras instancias como la justicia ordinaria si es que la situación acusada amerita algún resarcimiento al afectado y un castigo a los responsables.
Acostumbrémonos a reclamar, pero de buena forma y utilizando las instituciones que existen para ello de manera correcta, fiscalizando según proceda y de acuerdo a la ley.