Nuestra sociedad chilena, día a día, pierde más credibilidad en la justicia, en las instituciones y por supuesto, en todos sus líderes. Las razones para dudar y para cuestionar son prácticamente interminables. A modo de ejemplo y sólo las más recientes: El día de ayer, se realizó la audiencia de cierre de la investigación relacionada al Caso Caval, para la cual se decretaron 8 días más de investigación. La nuera de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet –Natalia Compagnon– está envuelta en un caso donde se le vinculan los delitos de cohecho, soborno, declaraciones maliciosamente falsas o incompletas, omisión maliciosamente incompleta o falsa, facilitación de facturas falsas, otorgar ventajas indebidas al síndico y la responsabilidad jurídica de Caval.
En paralelo, tenemos la información del millonario fraude al interior de Carabineros, donde se investiga a 17 miembros de la policía uniformada, imputados por delitos de lavado de activos, fraude al fisco y negociación incompatible, en la cual se habría defraudado a la institución en al menos 7 mil millones de pesos.
Hasta en el espectro económico-farandulero hay casos para observar. Rafael Garay, el falso economista que utilizó los medios de comunicación para ganarse el cariño y la confianza de la gente, hoy se encuentra en prisión preventiva, debido a que fue formalizado por su presunta participación en delitos de estafa contra 36 personas que superarían los 1.800 millones de pesos.
Sigo. Porque ejemplos hay por montones. El “milicogate”, destapado en 2015, que permitió conocer un caso de corrupción, en donde se desviaron fondos de la Ley Reservada del Cobre, en los cuales se encuentra involucrados el ex comandante en jefe del Ejército de Chile, Juan Miguel Fuente-Alba y los generales (R) Héctor Ureta y Antonio Cordero por la emisión de más de 2 mil facturas falsas para comprar armamento inexistentes y otros elementos por más de 6 mil 700 millones y que fueron a parar a los casinos, fiestas y propiedades.
Otro. En octubre de 2015, la Fiscalía Nacional Económica acusó a CMPC de coludirse durante más de 10 años con otra compañía -SCA- en el mercado de los papeles Tissue para – otra vez el mismo término de los párrafos anteriores – defraudar a los consumidores en más de 486 mil millones de pesos (736 millones de dólares).
Y, para terminar este triste récord, para no hacer más extensa esta editorial, tenemos el escándalo internacional que generó el caso de Panamá Papers, el cual se trató de una filtración informativa a un periódico alemán, que permitió conocer el ocultamiento de propiedades de empresas, activos ganancias, evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno, líderes de la política mundial, personas políticamente expuestas y grandes personalidades del mundo de las finanzas, el deporte y el arte. Chile, por supuesto no podía estar exento de este hecho, ya que hubo connacionales que aparecieron en los archivos de estas empresas offshore, como el propietario de Diario El Mercurio, Agustín Edwards, el ex ministro de Augusto Pinochet, Hernán Büchi, el ex presidente de la CEC, Alfredo Ovalle, o incluso el destacado deportista nacional, Iván Zamorano.
No analizaremos las pensiones millonarias de Gendarmería, los premios para asignar a malos ministros en el CDE, las cuestionables relaciones de los presidentes y políticos con las empresas para financiamiento de campañas o para realizar sus inversiones justo en donde la ley no tiene espacio para funcionar.
Cuando se habla de respetar la institucionalidad, no se trata solamente de una frase que acredita que las organizaciones del Estado operan correctamente. Lo que debería ocurrir es que las personas que ocupan lugares de confianza en el ámbito público y privado, de una vez por todas, dejen la corrupción, abandonen de una vez por todas el trabajo que ejecutan al borde del ilícito. La sociedad está enferma por culpa de estos personajes, que han contaminado el ambiente con sus acciones poco probas.