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Editorial

No se puede validar en Chile la lucha armada

Se valora que el intendente, máxima autoridad de la región del Biobío, haya tenido la valentía de presentar una acción judicial, que no está dirigida en contra del pueblo mapuche, sino de la violencia que se está ejerciendo por un grupo minoritario de comuneros incapaces de buscar el diálogo. No pueden ser los términos de discusión en el país que habitamos.


 Por La Tribuna

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El fin de semana, el foco de la noticia estuvo centrado en la capital de la provincia de Biobío, por la detención de Ernesto Llaitul, hijo del conocido líder de la Coordinadora Arauco Malleco -CAM- Héctor Llaitul, luego un control policial que terminó en una persecución por pleno centro angelino y donde además se le incautó “armamento de guerra”.

Tras ser dejado en prisión preventiva, surgieron diversas voces y opiniones respecto al hecho. Sin embargo, resulta grave que algunos sectores de la sociedad, justifiquen el accionar violento que tienen algunos grupos de indígenas frente a sus demandas territoriales.

Los últimos años, han estado marcados por actos de delincuencia organizada, dirigida a atacar con incendios a empresarios, pequeños empresarios, transportistas, iglesias e incluso particulares inocentes que nada tienen que ver en el problema, por la denominada “causa mapuche”, lo que no ha tenido eco alguno por parte de las autoridades del nivel central, donde prácticamente no se habla del tema.

En la región del Biobío, sin embargo, en un paso que podría catalogarse de histórico quizás, se informó que el intendente Rodrigo Díaz presentaría una acción judicial en contra de Ernesto Llaitul y también de Ismael Queupil –el otro detenido-  a fin de que se investigue el porte ilegal de armas, la que estaba presumiblemente destinada a cometer acciones delictuales en Alto Biobío y en la comuna de Mulchén.

En un Estado que proclama la democracia y la diferencia a uno en dictadura, no puede permitir que un grupo de la sociedad, bajo ningún prisma, utilice la violencia, el terrorismo, los ataques incendiarios, los atentados a recintos religiosos o a viviendas por su molestia frente a las posibles injusticias que consideren que tiene el Estado. No corresponde. Es contradictorio buscar justicia cometiendo injusticias.

Es por ello que se valora que el intendente, máxima autoridad de la región del Biobío, haya tenido la valentía de presentar una acción judicial, que no está dirigida en contra del pueblo mapuche, no nos equivoquemos, sino de la violencia que se está ejerciendo por un grupo minoritario de comuneros incapaces de buscar el diálogo. No pueden ser los términos de discusión en el país que habitamos. El pueblo pehuenche de la provincia de Biobío, ha demostrado ser cercano al diálogo y proactivos a trabajar por el desarrollo de la mano del respeto.

Es hora que los actores que rigen el futuro del país, de sus gobiernos y sus leyes, planteen sus mecanismos de solución frente a la violencia. Pero el objetivo no es decir esas vagas opiniones características de la política, en donde no se dice mucho, ya es momento que, desde la Presidenta de la República a los parlamentarios, tomen medidas para que esta nación mantenga la paz social en todo el territorio.

 

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