Lograr la paz: el gran desafío del Estado

Para nadie es desconocido que la región del Biobío y la Araucanía, se encuentran en un conflicto agudizado el último tiempo, producto de las demandas de tierras de los pueblos originarios.

Mientras un grupo importante, ha desarrollado todos los trámites necesarios –bastante burocráticos- y han logrado adquirir los terrenos gracias al trabajo de la Conadi, lo cierto es que existen sectores más extremistas y radicales, que han utilizado una violencia desmedida para conseguir sus objetivos y han destruido la paz en el sur de Chile. Se han atacado a empresarios, microempresarios, pequeños agricultores, transportistas, particulares y hasta iglesias, que todos hemos visto en llamas a través de la televisión.

Sin ir más lejos, Alto Biobío, un pueblo caracterizado por el diálogo y su visión de paz, ha tenido más de una decena de atentados incendiarios en los últimos dos años, hecho que sin lugar a dudas espanta la inversión, el turismo y lejos de generar empatía, sólo logra un rechazo hacia el pueblo pehuenche. Lo que está más claro aún, es que se ha comprobado que los ataques han sido perpetrados por la CAM, grupo organizado que ha afectado el sistema con la ayuda de un estado temeroso que no se atreve a aplicar la ley como corresponde, debido a que los organismos internacionales y de Derechos Humanos, no parecieran tan involucrados en el daño que muchos están realizando, sino más bien, sólo resguardando las etnias indígenas, pase lo que pase.

La violencia debe ser condenada, de donde venga; no se puede mantener una discriminación bajo ninguna circunstancia, ni por pensamiento político, raza, religión o sexo. El espíritu de la ley busca resguardar el bien común y claramente en el Biobío y la Araucanía eso no ocurre.

Las autoridades y las fiscalías, deben hacer un mea culpa y responder frente a las negligentes investigaciones que se realizan para dar con los responsables. En Alto Biobío, las investigaciones han sido un verdadero fracaso y en el resto de las ciudades donde ocurren estos hechos, la situación es similar.

El propio fiscal regional, Julio Contardo en su última cuenta pública, prácticamente ni se refirió a la situación de violencia en esta provincia.

No se puede mantener un país bajo el miedo, sobre todo si somos una democracia. Se debe respetar el estado de derecho y utilizar los mecanismos estatales para que quienes perturben la vida y el trabajo de otros con atentados estén tras las rejas.

Finalmente, frente al conflicto indígena referente a las tierras, el Estado también tiene responsabilidad en las consecuencias que se han desencadenado. Es hora de cumplir la palabra empeñada, dar dignidad a los pueblos originarios y entregar tierras que se han anunciado campaña tras campaña, como el Fundo Queuco, donde se habla mucho, pero se logra poco.