El robo de cables: un acto que atenta contra las personas

Ya se hizo una moda. La provincia de Biobío, en distintos puntos de sus 14 comunas, han tenido que vivir apagones – hoy llamados “Black out” – producto de delitos protagonizados por antisociales, que con gran pericia se suben a los postes del tendido eléctrico y roban toneladas de cable de cobre. 

Los sectores de Laja, San Rosendo y Cabrero son las zonas más afectadas por este ilícito. En esta última comuna, el pasado miércoles, Carabineros logró la detención de una banda que se dedicaba a este robo, quedando 4 personas – con domicilio en Rancagua – detenidas. Sin embargo, los vecinos del sector de Colicheo tuvieron que vivir las dramáticas consecuencias de perder el suministro eléctrico.

Si bien las policías están haciendo un trabajo de gran despliegue para dar con quienes están cometiendo este robo, lo cierto es que no es suficiente. La sustracción del cobre por parte de delincuentes ha ido en aumento y sólo podría verse un atisbo de solución, si la sanción es más dura. No porque dañe a las empresas distribuidoras como Frontel, CGE, Coopelan u otras, sino porque el consumidor final –las personas– deben vivir bajo esta incertidumbre.

¿Qué pasa con las familias que tienen un familiar que depende de la electricidad para vivir? ¿Qué pasaría si al robarse los cables, se genera un corte importante y hospitales o centros de atención de salud se ven afectados?

De acuerdo a las cifras que se manejan, más de 160 kilómetros de cables del tendido eléctrico han sido robados por las bandas de delincuentes profesionales en el último tiempo, afectando a más de 66 mil personas en la provincia de Biobío.

Hace un tiempo atrás, cuando el robo de cajeros automáticos se transformó en un delito tradicional, inmediatamente se comenzó a discutir posibilidad de endurecer las penas para quienes realizaban este tipo de acciones que afectaban a la banca. Aquí, este robo, ha atentado contra toda una comunidad y es por ello que los parlamentarios de la zona, deberían presionar en el Congreso por una normativa que permita endurecer las sanciones por este tipo de actos, especialmente porque atentan contra el bienestar de las comunas.

Es momento de velar por la seguridad de la población y la calidad de vida de las familias. El suministro eléctrico es una necesidad en estos días, el cual por lo demás no es nada de barato, para que esté funcionando intermitente. Más allá de que sea un robo, las distribuidoras tienen el deber de mejorar sus sistemas de seguridad, de tal manera que sus clientes no ven interrumpido el servicio.

Estos delincuentes son un riesgo para la seguridad del Estado. La electricidad permite el funcionamiento de empresas, redes informativas, equipos médicos, iluminación urbana, es decir, todo lo relacionado con la seguridad social.

El gobernador anunció que se reunirá con los parlamentarios locales, para presionar en el Congreso por una legislación que permita reducir este comportamiento. Esperemos que este tema avance de verdad. Es hora de decir ¡basta ya!