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Editorial

Con la salud no se juega

De comprobarse si la sospecha del ISP es cierta, los laboratorios deberían ser duramente sancionados. Pero por otro lado, la legislación debería avanzar de tal manera, que se controle de alguna manera los precios de los medicamentos en el país, para que no existan aprovechamientos que transgredan la ética de lo humano.


 Por La Tribuna

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Varios años tuvieron que pasar desde el 2008 con la colusión de las farmacias, para que apareciera alguna iniciativa que permitiera a los usuarios dependientes de medicamentos, acceder a precios más económicos de los productos bajo las llamadas farmacias populares. Diversas discrepancias y un intenso debate sobre su legalidad o no, terminó con la autorización y proyectos en diversas comunas del país, entre ellas Los Ángeles, donde se espera que la comunidad pueda acceder de forma digna y menos abusiva desde el punto de vista de precios, a los remedios que necesitan.

Sin embargo, el pasado 30 de marzo, se informó que el Instituto de Salud Pública (ISP), ordenó realizar sumarios contra los laboratorios Recalcine, Andrómaco, Saval, Glaxo, Pfizer, Roche, Chile y Socofar por subir los precios de sus medicamentos a las farmacias populares. Esto se concretó luego de una investigación del organismo público, el cual se sospecha, estaría coludido para boicotear la venta de medicinas hasta 70% más económicas que el mercado tradicional.

Si bien Chile es un país de libre mercado, donde cada empresa tiene la autonomía de fijar los precios, se está hablando de algo que es estratégico y que tiene que ver con la vida de las personas: la salud.

Muchas personas han muerto por no tener financiamiento para poder costear sus enfermedades, esto debido a que la salud se transformó en un negocio por donde se le mire. Imagínese usted, estimado lector, una persona con una pensión básica solidaria de 89 mil pesos, ¿cómo lo hace para poder costear los medicamentos en una farmacia común?

Si los laboratorios están en condiciones de poder permitir que los usuarios accedan a precios a más de la mitad de lo que se venden en las farmacias, podemos decir con todas sus letras que la usura es una realidad al momento de poder financiar tratamientos de salud, ya que perfectamente se podría acceder a precios mucho menos costosos y con ello ayudar a las personas además de hacer el rentable negocio.

El año 2015 en los Estados Unidos, el director de una farmacéutica llamada Turing, Martin Shkreli, se transformó en “el hombre más odiado de USA”, y bajo calificativos de “sociópata moralmente quebrado”, “basura monstruosa”, debió salir al paso del rechazo social, por subir en un 5.000% el precio de un medicamento para personas con SIDA, el cual pasó de costar US$13 a US$750. Este es un ejemplo del abuso del sistema contra las personas.

De comprobarse si la sospecha del ISP es cierta, los laboratorios deberían ser duramente sancionados. Pero por otro lado, la legislación debería avanzar de tal manera, que se controle de alguna manera los precios de los medicamentos en el país, para que no existan aprovechamientos que transgredan la ética de lo humano.

 

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