En los últimos años la ciudad de Los Ángeles ha sido víctima de una serie de empresas que participan de procesos licitatorios y que en el papel, cumplen con toda la reglamentación necesaria para llevar a cabo importantes obras de infraestructura para la zona, pero que sin embargo, por reputación o versiones externas, se sabe que no tienen las espaldas económicas para poder resolver los casos.
En esta materia hay un vacío legal importante para poder realizar una evaluación correcta de las empresas que postulan para adjudicarse estas construcciones, puesto que no puede seguir ocurriendo que el sueño de toda una comunidad quede olvidado producto de una mala gestión privada.
Uno de los ejemplos más importantes, es lo que ocurrió con el Cruce Antuco, obra totalmente necesaria, pero que durante años quedó botada producto de que la empresa constructora que realizaba los trabajos se declaró en quiebra y con ello todo quedó en nada, hasta hace un par de meses en que se pudo retomar los trabajos.
Otro de los ejemplos que estamos viviendo en la actualidad es el de la villa San Luis, son familias que producto del terremoto del 27 de febrero de 2010 tuvieron que volver a empezar. Lograron su casa propia, pero en el corto tiempo, las viviendas construidas presentaron serias fallas, también por una conducta irresponsable de la constructora que las levantó, humedad por todas partes, filtraciones y daños a la pintura eran parte de lo que reclamaban los vecinos.
Tras una larga lucha, consiguieron una importante suma de dinero para reparar no únicamente las casas, sino también el sueño de vivir dignamente, sin embargo, la empresa abandonó los trabajos dejando a las familias nuevamente botadas y a sus empleados sin pagarle los sueldos.
Ahora, pareciera que lo que está ocurriendo con la empresa que estaba a cargo de la construcción de los estacionamientos del Polideportivo angelino, tiene una situación similar. Los trabajadores denuncian que no se les ha pagado sus sueldos por los trabajos y ahí están, desamparados.
Es hora de tomarse en serio los criterios de evaluación al momento de escoger una u otra empresa para que se haga cargo de los proyectos comunales o provinciales. No puede ser que sigan ocurriendo reiteradamente estos hechos que detienen las posibilidades de desarrollo, de la ciudad y también de las familias.
Para ello los organismos de control deben ser más severos, analizar de mejor forma las ofertas y no simplemente dejarse llevar por los costos más bajos, hay que privilegiar las verdaderas posibilidades que tiene la compañía y el prestigio, y así ver si serán capaces de cumplir con lo pactado.