Una gratuidad con alto costo social

La nueva medida del ejecutivo, dejaría a cientos de miles de alumnos de distintas ciudades, sin acceso alguno al financiamiento y que hoy si lo tienen gracias a los sistemas de apoyo económico.

Los Ángeles excluido de la gratuidad universal, eso es una realidad al menos hasta ahora. El análisis de Acción Educar que involucró a 72 ciudades del país, evidenció que 62 localidades a lo largo del territorio no podrían optar al beneficio el próximo año, por no contar con CFT o IP que cumplan con los requisitos definidos para el primer año de esta política pública. Con los datos en la mano, se puede indicar que un 29 por ciento de los estudiantes de pregrado de la educación superior no universitaria, asiste a estos centros de estudios acreditados, pero que aparecen constituidos como sociedades comerciales, situación que los inhabilita para acceder al beneficio.

En pocas palabras, la nueva medida del ejecutivo, dejaría a cientos de miles de alumnos de distintas ciudades, sin acceso alguno al financiamiento y que hoy si lo tienen gracias a los sistemas de apoyo económico vía beca o crédito que entrega el Estado.

Las reglas del juego vigentes para la instalación de centros educativos, si se pretenden cambiar, no pueden ir en actos discriminatorios o clasistas y mucho menos traspasar este detrimento a los alumnos, que no tienen culpa de escoger su lugar de estudios, más bien son las instituciones que se pretenden modificar las que deben estar en la discusión, para llegar a acuerdos con el gobierno, no las familias afectadas.

La idea es avanzar en materia educativa y no retroceder.

No se puede traspasar los problemas a los alumnos de las instituciones que lucran o no. Se ha demonizado a los recintos educacionales que no se encuentran en las que conforman el Cruch (Consejo de Rectores de Universidades Chilenas) cuando en ocasiones los resultados de sus programas no tienen mayores diferencias con las instituciones privadas al momento de hablar de calidad. Además, se cree que las instituciones de educación superior pertenecientes a las universidades tradicionales son públicas y no lo es así. La mayoría son privadas y sus aranceles, al menos, cuestionan las características de no tener fines de lucro.

Acción Educar, indica que apenas 10 ciudades en todo Chile, es decir una muy baja cantidad, tendrán IP y CFT que califiquen para la gratuidad.

De esta manera, con más de 330 mil alumnos en la matrícula actual –su mayoría en condiciones económicas deficientes, quedarían fuera del beneficio ¿Es justo? Por supuesto que no, menos aún cuando solamente 97 mil jóvenes serán los privilegiados.

El segundo tiempo del gobierno se llama “Todos Por Chile”, pero claramente la improvisación que se evidencia de esta medida, no se condice con el slogan.

Finalmente, un tema del que nadie habla, ¿qué pasará con aquellos que hoy son profesionales pero que siguen arrastrando millonarias deudas producto de su educación? ¿Será que para ellos la educación se habrá validado como un negocio?