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La Tribuna

Cuando la falta de transparencia decepciona

por Cristian Delgadillo Rosales

¿Qué pasó con los concejales y su rol fiscalizador? ¿dónde estaban cuando se aprobaron todos esos eventos y no había -aparentemente- licitaciones en curso?

Sólo faltaba que en Los Ángeles se sembrara la duda respecto al actuar de las autoridades.

No bastó con los problemas acontecidos en los últimos meses, como el caso Penta y el del hijo de Bachelet. Ahora las irregularidades se toman la contingencia local y sale a la palestra una serie de incongruencias en los procedimientos de adjudicación que se han realizado en el municipio de Los Ángeles para los festivales de verano.

El alcalde Esteban Krause, ante la presión de los medios de comunicación que acogieron la denuncia del concejal de Laja Joaquín Sanhueza por anomalías en la licitación de eventos, no tuvo otra opción que pedir la salida a importantes funcionarios de confianza, al dideco, a la encargada de Organizaciones Comunitarias, Susana Parra González, y al profesional Osvaldo Orellana Yáñez, bajo el grave argumento de “no ajustarse a los procesos administrativos que rigen este tipo de contrataciones públicas”.

La situación no sólo es vergonzosa e inaceptable, sino que daña el prestigio de la corporación edilicia, los concejales y el alcalde, por supuesto. ¿O acaso no recuerda usted, informado lector, que durante 2014 hubo una cantidad importante de problemas al interior del municipio cada vez que se intentaba desarrollar un llamado a concurso? Las áreas verdes, los semáforos y otra variedad de temas son parte de los polémicos programas que han tenido serias complicaciones para salir adelante, incluso hay algunos que están por cumplir año.

El alcalde debe estar preocupado. Su cruzada por consolidar la transparencia y la veracidad en los procesos está siendo cuestionada con justa razón por la comunidad, y es su obligación golpear la mesa e imponer orden.

Más allá de las acciones que está siguiendo el edil lajino, la primera autoridad angelina tiene la responsabilidad de perseguir las eventuales irregularidades y, de descubrirse alguna posible situación ilegal, los culpables deben responder ante la justicia.

Ahora bien, la duda es la siguiente: ¿qué pasó con los concejales y su rol fiscalizador? ¿dónde estaban cuando se aprobaron todos esos eventos y no había –aparentemente- licitaciones en curso?

La máxima autoridad comunal ha tenido serias diferencias con los concejales de su sector, quienes, aparentemente, le han quitado el respaldo, y ahora debe prescindir de sus empleados más leales.

¿Qué va a hacer Esteban Krause Salazar solo frente a la comunidad?, ¿podrá reestructurar su equipo y confiar en que no se cometerán las anormalidades que parecen haber ocurrido?

Finalmente, es oportuno recordar que el servicio público no es para servirse. Transgredir este principio es gravísimo y se debe combatir con toda la fuerza posible. Si el alcalde tomó una decisión tan delicada y que, además, tendrá que ser investigada por la Contraloría, lo justo sería que los involucrados no aparezcan dentro de unos días ocupando nuevamente altos cargos en otro servicio. Al menos hasta que concluya el sumario...

 

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