martes 17 de septiembre, 2019

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Editorial

Chahuán y los poderosos: una investigación difícil

En un procedimiento en el que claramente hay más de una irregularidad, se espera que, al menos esta vez, los responsables no respiren tranquilos desayunando en su casa, más bien, cumplan con duras penas de la justicia para impedir que hechos vergonzosos de semejantes características vuelvan a ocurrir.


 Por Cristian Delgadillo Rosales

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En un hecho sin precedente alguno desde que entró en vigencia la Reforma Procesal Penal, finalmente, debido a la gravedad de los hechos, se determinó que el fiscal nacional Sabas Chahuán sea el encargado de llevar adelante toda la investigación del caso Penta. Esto, debido a que la semana pasada se anunció la desagrupación de la causa por delitos tributarios e irregularidades en el financiamiento de campañas electorales.

En la opinión pública ya se instaló la sensación de que el caso que involucra a políticos de distintos sectores, principalmente de derecha, es una bola de nieve que ha ido in crescendo y realmente no se sabe dónde terminará.

En este sentido, para el recién designado, “la investidura de las personas presuntamente involucradas y los nuevos antecedentes que han surgido, hacen necesario dar un paso más allá para garantizar la persecución penal con absoluta independencia y autonomía”. Esta declaración que hace el fiscal Chahuán invita a una reflexión importante: ¿acaso el resto de los profesionales de la fiscalía no habrían podido garantizar el proceso?

Las expresiones de la máxima autoridad del Ministerio Público son al menos curiosas. Pese a esto, la decisión ha sido altamente valorada por un amplio sector de la sociedad que espera que se garantice una independencia a toda prueba en el proceso.

Hoy, una nueva querella del Servicio de Impuestos Internos señala que se presentaron ocho facturas no afectas o exentas, que son falsas, y que, se presume, habrían sido utilizadas para el financiamiento ilícito de campañas políticas.

Es más. Entre los documentos hay dos boletas emitidas por la empresa Inversiones y Mandatos, que tienen directa relación con el ex senador de la UDI Jovino Novoa por un monto de 5 millones cada una. Asimismo, se encuentran 5 comprobantes de Vox Comunicaciones, por un total de 120 millones, que vinculan a Laurence Golborne, y una de Cactus Consultores SpA por 20 millones al ex ministro Andrés Velasco y, pese a que la acción legal no está dirigida a ninguno de los tres, el tema viene a ensuciar más a un mundo político que parece no tener límites a la hora de aspirar al poder.

En un procedimiento en el que claramente hay más de una irregularidad, se espera que, al menos esta vez, los responsables no respiren tranquilos desayunando en su casa, más bien, cumplan con duras penas de la justicia para impedir que hechos vergonzosos de semejantes características vuelvan a ocurrir.

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