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La Tribuna

La ética a la basura

por Cristian Delgadillo Rosales

Dávalos ha llegado a competir en la opinión pública con el caso Penta que afecta a la derecha. Ambos hechos, lo único que generan es que la ciudadanía vea que un sector acomodado de la política nacional siempre gana, en desmedro del resto del país.

Tras la información publicada por el Gobierno sobre la declaración de patrimonio y los intereses de Sebastián Dávalos, los expertos –al margen de la política– han señalado que no hay cómo saber si la declaración es completa y veraz.

La directora de la ONG Ciudadano Inteligente aseveró que, en la práctica, lo informado por el hijo de Michelle Bachelet esconde los mismos problemas que por años han caracterizado las declaraciones entregadas por las autoridades del Estado.

La situación es más compleja, ya que Sebastián Dávalos le ha dado más de un dolor de cabeza a la Presidenta.

Ya en el año 2013, salieron a la palestra los negocios del hijo de la Primera Mandataria, en donde se desató la polémica por las sociedades que tenía. En aquella reservada lista de clientes figuraba el empresario Gonzalo Vial Concha, controlador de Graneles de Chile e hijo del dueño de Agrosuper. Inclusive, en octubre de 2012, éste le habría facilitado un fundo en Paine para celebrar su matrimonio. Esto, en medio del escándalo suscitado por la asesoría de Agrosuper, donde aparentemente hubo facilidades. La aprobación ambiental de tal proyecto es del año 2005, pero fue alivianada en enero de 2006, a días que Lagos abandonara el poder. La implementación, la construcción y la recepción de obras ocurrieron, sin embargo, bajo el mandato de Bachelet.

Hoy la situación es bastante compleja y la Nueva Mayoría lo sabe, ¿quién quiere meterse con el hijo de la máxima autoridad del país?, ¿quién le va a sugerir a una madre que despida a su hijo?

Difícil será acallar la situación actual en que se ve envuelta la esposa de Dávalos. Esto, porque no se puede tratar por separado la situación económica de un matrimonio. Aquí, claramente se deja en la opinión pública la sensación –no la aseveración, porque eso le corresponde a la justicia– de que eventualmente existe un tráfico de influencias y corrupción en la clase política chilena, que ha estado tapado por años sin que nadie se refiera a ello; esto, porque inclusive el empresariado participa financiando parte de estos escándalos.

La declaración de Dávalos no habla de sus activos financieros y, mientras tanto, durante este jueves, un medio de circulación nacional anunció que se encuentra cerrado el trámite con el que se llevó a cabo la venta a la inmobiliaria Ruta 86 del terreno en Machalí perteneciente a Caval, donde la esposa del cientista político es propietaria del 50 por ciento.

El predio ahora cuestionado tiene una extensión de 44 hectáreas y, pese a la polémica de estos días, el lunes fue ingresada la escritura al Conservador de Bienes Raíces por un monto de 9.500 millones de pesos. Con esto, la sociedad de la nuera de Bachelet recibirá una ganancia de 2.500 millones.

La situación que se debe abordar en los próximos días no es nada de fácil. Aquí no hay procedimientos –hasta ahora– que estén fuera de la legislación, pero, evidentemente, ensucian la imagen de la Presidenta, quien hasta ahora, como es su costumbre cuando ocurren hechos de connotación pública que le afecten, se encuentra completamente desparecida de los medios de prensa y posiblemente no se refiera al hecho.

Dávalos ha llegado a competir en la opinión pública con el caso Penta que afecta a la derecha. Ambos hechos, lo único que generan es que la ciudadanía vea que un sector acomodado de la política nacional siempre gana, en desmedro del resto del país.

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