La situación en que se encuentra la clase política chilena es digna de análisis. Los últimos meses han servido para observar cómo se ha trastocado todo procedimiento de transparencia y probidad, para enfrascarse en la más deplorable discusión: quién tiene más conflictos de interés, quién cometió la falta peor o quién tiene la mejor historia para justificar lo indefendible.
Parte de la derecha se ha visto envuelta en el caso Penta, donde se cometieron ingentes irregularidades a fin de financiar campañas políticas y, más que enfrentar el problema, asumir los errores e idear nuevos mecanismos, el procedimiento del que ha echado mano para salir del paso ante esta crisis comunicacional ha sido buscar alguna ocasión en que el oficialismo haya caido.
Por su parte, la Nueva Mayoría ha tenido que enfrentar en los últimos días uno de los casos en que se podría llegar a pensar en serios conflictos de interés. Si bien no hay involucrados dineros públicos, el acto cometido por la nuera de la Presidenta Michelle Bachellet, esposa de Sebastián Dávalos, es impresentable. Un caso de este tipo se puede prestar para que la comunidad interprete un posible tráfico de influencias.
Como era de esperarse, frente al opulento crédito que entregaran los Luksic por 6.500 millones de pesos, ha surgido hoy el enjuiciamiento de la sociedad para una actividad que, sin duda, lleva muchos años en práctica: comprar terrenos para poder obtener mayores ganancias a futuro.
El caso Penta y el Nuera Gate -como lo han llamado- son dos muestras claras de que la política chilena ha perdido el norte.
Mientras los involucrados de diversos partidos sólo se dedican a blindar a los suyos, el problema se mantiene, porque las conductas persisten y las personas finalmente se terminan acostumbrando a que sus representantes tengan un mal proceder.
Aún no hay responsables en ninguno de estos casos, y existe la presunción de inocencia. Es más, en el caso Nuera Gate ni siquiera hay acciones legales, pero el juicio social está recién comenzando.
Los absurdos somos nosotros, que estamos alejados de la élite política y que en reiteradas ocasiones nos prestamos para justificar lo injustificable.
Quien ostenta cargos públicos debe ser una persona proba, digna, virtuosa, un orgullo para los chilenos y para la imagen internacional que hay en el extranjero, independiente del pensamiento ideológico.
¿Acaso es cierto que el poder corrompe a la gente? ¿Acaso es difícil mantener un buen actuar? Por supuesto que se puede.
Mientras la Alianza y la Nueva Mayoría se dediquen a justificar los errores de sus correligionarios en vez de enfrentarlos, la política chilena no mejorará, no atraerá más electores y sólo fomentará la mala imagen que sus actores se han encargado de cultivar con tanto ímpetu en los últimos años.