Los Ángeles rendido a la experticia de los bandidos

Pese a las favorables cifras delictuales que se han declarado el último año, persiste la sensación de que alguien no está haciendo bien su trabajo. En Los Ángeles ocurre algo que no es distinto a otras ciudades del país y se refiere a la famosa puerta giratoria.

Carabineros y la PDI hacen sus esfuerzos por combatir el crimen, pero, incluso ellos sufren una gran frustración,pues muchas veces, en investigaciones importantes logran la detención de sujetos que, al pasar a la justicia, por falta de pruebas, según indican los jueces, quedan en libertad.

En un Estado de derecho como Chile, no cabe duda que existe una mano blanda contra quienes cometen delitos. Esto, porque la legislación lo permite. Sin embargo, más que ser una responsabilidad de los tribunales, el tema de fondo está en quienes crean las leyes, el problema nace ahí.

La ciudadanía está cansada de ver cómo los delincuentes están más protegidos o conocen mejor sus derechos que las propias víctimas, ya que luego de cometer sus “travesuras”, llegan al estrado, dicen estar arrepentidos, cooperan con el proceso, y eso es motivo de premio, por lo que su pena se reduce considerablemente. Esto está mal.

Si la complicación es que las cárceles están llenas, las autoridades deberían ir pensando en la forma de mejorar la infraestructura de los recintos penitenciarios, porque en Chile hay una clara demanda por delinquir y se requiere de espacios para sacar de las calles a esos que perturban la vida.

Conocidos son los ridículos apodos de la farándula delictual que se ha tomado la provincia. Nada de raro es escuchar hablar sobre “El Forestín”, “El Chucky”, “El Punga”, “El Chico Sexy”, “El Paco Pillo” y otros que son la vergüenza de nuestra sociedad, y que en algunos casos han sido detenidos más de 30, 40 ó 50 veces, pero su tradicional defensa de lo indefendible les permite, una y otra vez, volver a las calles.

Se necesita,en primer lugar, una reacción en cadena entre los diputados y senadores, a fin de que busquen castigos ejemplares para quienes violentan a las comunidades y dejen de usar el pretexto de los derechos humanos, pues en pocas ocasiones esos derechos protegen a las víctimas. En segundo lugar, urge un gobierno motivado por reducir los indicadores de inseguridad y delitos, que envíe proyectos de ley potentes para al Parlamento y, finalmente, hacen falta jueces que cumplan con la interpretación correcta de la ley, que en muchos casos destacan por su incomprensible proceder.

Hoy, las personas se están saturando de la inoperancia de quienes no han logrado elaborar elementos que permitan dejar tras las rejas al lumpen y están actuando ellos mismos. Las detenciones ciudadanas, las golpizas a los delincuentes y otras medidas son simplemente acciones desesperadas de una sociedad que no ve reflejada en sus vidas la posibilidad de justicia.

Por último, con respecto al crimen del panadero de Paillihue, la ciudad de Los Ángeles debe exigir que los criminales vayan a la cárcel o, si los responsables son efectivamente quienes quedaron en libertad, habrá que esperar la justicia divina como única medida, ya que, por ahora, la ley creada en el Congreso deja mucho que desear.