La recaudación fiscal vinculada al Crédito con Aval del Estado (CAE) marcó un punto de inflexión esta semana. La Tesorería General de la República registró ingresos cercanos a los $1.500 millones en una sola jornada, en medio del despliegue de un plan intensivo de cobro dirigido a deudores morosos.
El salto no es menor. Hasta hace pocas semanas, los ingresos diarios por este concepto bordeaban los $30 millones. Con los primeros anuncios del Ejecutivo, esa cifra escaló a unos $200 millones. Sin embargo, la implementación de medidas más estrictas elevó el promedio a más de $1.200 millones en apenas dos días, consolidando un cambio drástico en la capacidad de recuperación de estos recursos.
El nuevo escenario responde a un giro en la estrategia fiscal. La Tesorería activó mecanismos de cobro más agresivos, especialmente enfocados en deudores de mayores ingresos.
Quienes perciben sobre $5 millones mensuales quedaron sujetos a acciones judiciales inmediatas, sin posibilidad de renegociar mediante convenios de pago. Entre las medidas aplicadas figuran embargos de bienes, retenciones de remuneraciones y bloqueo de fondos en cuentas bancarias.
El objetivo es claro: recuperar los montos que el Estado debió cubrir como aval frente a las entidades financieras, en un sistema cuya carga fiscal se ha intensificado con los años.
Presión por deuda acumulada
El contexto explica la urgencia. A fines de 2025, la deuda total asociada al CAE alcanzó los $4 billones, tensionando las finanzas públicas y reactivando el debate sobre su sostenibilidad.
Actualmente, más de 550 mil personas permanecen en condición de morosidad, configurando un escenario complejo tanto desde el punto de vista fiscal como social.
Desde el Gobierno han reiterado que estos recursos son fundamentales para el erario público y que su recuperación es clave para garantizar un uso eficiente del gasto estatal.
