A partir del 1 de julio, las cuentas de la luz experimentarán un nuevo aumento tarifario que superará el 7% en promedio a nivel nacional, golpeando nuevamente el bolsillo de miles de familias chilenas.
En regiones como Biobío, el impacto será aún mayor, alcanzando un alza del 7,44%, lo que representa un incremento acumulado del 56% entre enero de 2024 y julio de 2025.
El reajuste, que aún debe ser visado por la Contraloría, no corresponde a las alzas programadas por el congelamiento durante la pandemia, sino a una actualización semestral de las tarifas, influida principalmente por la variación del dólar y el costo internacional de los combustibles.
El ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que este proceso busca "la normalización de los procesos tarifarios" para los clientes regulados.
Ciudades como Antofagasta, Iquique y Arica lideran las subidas con porcentajes que superan el 10%. En Santiago, comunas como La Reina, Maipú y Estación Central también se verán fuertemente afectadas, con incrementos por sobre el 7,5%.
Exigen freno a empresas distribuidoras
Frente a este nuevo golpe al costo de vida, desde el Congreso surgieron llamados urgentes al Ejecutivo para frenar la escalada de precios.
El diputado Jaime Araya solicitó que el Presidente Gabriel Boric instruya al ministro Pardow a "sentarse a tratar de renegociar los contratos" con las empresas distribuidoras. También propuso aumentar subsidios focalizados a las pymes y suspender el cobro del IVA en las cuentas eléctricas durante los meses de invierno.
El parlamentario René Alinco fue más enfático al calificar las tarifas actuales como "usureras" y exigir un cambio de actitud por parte del Gobierno: "Hasta este momento, quien se sacrifica con el costo de la energía eléctrica es el pueblo chileno".
Por su parte, Rubén Oyarzo recalcó el carácter transversal de la problemática: "Desde Arica hasta Magallanes, hasta la Antártica, ha sufrido un alza en la energía eléctrica".
Además del alza de julio, la Comisión Nacional de Energía dejó pendiente otra alza ligada a la reliquidación del Valor Agregado de Distribución (VAD), una deuda con las distribuidoras que podría sumar entre un 5% y 10% adicional.
