Para el próximo 27 de octubre, el Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles fijó la realización de la primera junta de acreedores de Casa García, luego de la petición de liquidación voluntaria solicitada por la misma empresa.
La determinación fue tomada por el tribunal, a petición de la liquidadora Bernardita Alejandra Lavín Valdés quien fue designada para hacer cargo de la empresa y sanear sus cuentas.
La junta de acreedores uno de los principales hitos dentro del proceso de liquidación de la tradicional tienda de vestir que admitió deudas por más de 5 mil 346 millones de pesos.
Las audiencias están pactadas para el 27 de octubre a las 10 y las 10:30 horas y se llevarán a cabo por videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom dispuesta por el Poder Judicial.
Dentro de los acreedores están los 70 trabajadores de las tiendas de Los Ángeles, Concepción y Chillán debido a que se les adeudan sueldos, cotizaciones previsionales, finiquitos, indemnizaciones por años de servicio, entre otros derechos laborales.
Sin embargo, dentro de los acreedores a quienes se les debe más dinero y que debieran estar en la junta están familiares y empresas relacionadas con la compañía matriz, cuyo monto es cerca de la mitad del total adeudado ($2.686 millones) aun cuando se trata de préstamos sin documentar.
El mayor acreedor es el propio Rafael Abad García, quien figura como representante legal de Casa García a quien se le adeudaría poco más de $1.202 millones. En segundo lugar, está Comercial e Inversiones Principado por $686 millones, con domicilio en la misma tienda. También figuran otras empresas con la misma dirección, como la Sociedad de Inversiones Campomanés ($136 millones), la Sociedad Comercial e Inversiones Campoamor ($544 millones) y la Comercial Asturias ($25 millones).
También hay proveedores principalmente de prendas de vestir, varios de ellos de España, a quien Casa García les adeuda el pago de facturas.
En esta primera reunión, la liquidadora debiera informar acerca de los procedimientos a seguir para confirmar la existencia de las acreencias y pediría los inventarios de bienes a los cuales acceder para iniciar los pagos, aunque no se descarta que - si es viable desde el punto de vista económico - exista continuidad de giro, es decir, siga operando pero con otra empresa a cargo.