domingo 22 de septiembre, 2019

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EDICIÓN IMPRESA

Economía

La posibilidad para el crecimiento y desarrollo de empresas de Bío Bío

El articulado contempla multas más altas, penas de cárcel efectiva de mínimo 5 años y un día, y un sistema de control de fusiones, entre otras herramientas.


 Por ALEJANDRA SANCHEZ OCAMPO

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Con una votación unánime fue aprobado el Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Libre Competencia, que castiga de manera drástica la colusión entre empresas, con multas ejemplificadoras y penas de cárcel, y a su vez busca inhibir este tipo de prácticas que atentan contra el buen desarrollo de los mercados.

El Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Luis Felipe Céspedes, agradeció el compromiso que mostraron los parlamentarios de distintas bancadas, que tramitaron con urgencia el proyecto, y sobre todo destacó los acuerdos transversales que generó la iniciativa del ejecutivo, que se enmarca en la reciente demanda de la Fiscalía Nacional Económica, que acusó ante al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, una colusión en el mercado del papel tissue entre CMPC Tissue y SCA Chile.

En esta línea, el seremi de economía de Bío Bío, Iván Valenzuela, sostuvo que “para fortalecer el país y el crecimiento de nuestra economía,  tenemos que tener buenos mercados y una la libre competencia fortalecida. Si tenemos una mejor institucionalidad de libre competencia vamos a estar promoviendo el crecimiento y estar generando los incentivos adecuados para que las empresas tengan que innovar, aumentar su productividad y de esta forma crear más y mejores empleos”.

Agregó, que este es  un elemento central en la estrategia de desarrollo del Gobierno, ya que “es algo que le da la posibilidad a nuestras pequeñas y medianas empresas de crecer y desarrollarse. Si no tenemos mercados competitivos, y creo que los últimos casos así lo reflejan, no le vamos a dar la posibilidad  a las pymes de competir y poder seguir creciendo”, dijo la autoridad.

 

FRENAR LA COLUSIÓN

Dentro de las medidas más significativas del proyecto se encuentra el tipificar la colusión como un delito con penas de cárcel, las que irían desde un mínimo de 5 años y un día, hasta los 10 años, con cárcel efectiva de al mínimo 1 año, para ejecutivos o personas que participen en actos de colusión.

“No nos podemos olvidar que quienes se coluden son personas, que quienes toman la decisión de afectar a millones de personas, son personas; y como Gobierno, el hecho de poder establecer penas de cárcel es tremendamente relevante en la lucha contra los carteles”, aseguró el Seremi.

Las penas de cárcel están directamente relacionadas con el fortalecimiento del sistema de delación compensada, que eximirá de presidio sólo al primero de los ejecutivos que se autodenuncien, castigando por consecuencia, a los demás ejecutivos, quienes verán privada su libertad sin excepciones. Todo esto con el objetivo de que el excluirse de las penas de cárcel sea un aliciente para generar autodenuncias.

De esta manera se potencia un sistema que ha resultado beneficioso en otras economías, cuando de desbaratar carteles se trata.

 

LAS MULTAS

Punto aparte es el tema de las multas, las que serán elevadas hasta montos que signifiquen un impacto importante para las empresas que decidan actuar coludidas.

Estos montos ascenderán hasta el doble del beneficio económico obtenido producto de la colusión, o hasta el 30% de las ventas de los productos o servicios de la empresa durante el periodo que duró la colusión.

En este aspecto, Iván Valenzuela, enfatizó que “es muy importante destacar el amplio apoyo conseguido en materia del incremento a las multas para aquellos que atentan en contra libre competencia. Tener multas que sean superiores al beneficio económico que han obtenido quienes se han coludido es tremendamente relevante, y también el hecho que avancemos en la sanción  con pena de cárcel para aquellas personas que cometen estas acciones”.

Estás multas muestran un aumento significativo, en relación a los montos máximos que se pueden imponer bajo la legislación actual, y se convierten en otra herramienta fundamental para evitar actos de este tipo.

Junto con esto, se establece un sistema de control obligatorio de fusiones, que busca evaluar preventivamente aquellas compras de empresas que puedan poner en riesgo la libre competencia.

Finalmente, el Seremi resaltó que “con este proyecto de ley estamos dando una poderosa señal a quienes dañan la libre competencia y también a los consumidores, de que estos actos serán sancionados duramente. La colusión es un delito  que tiene que ser sancionado drásticamente y este proyecto lo hace”.

De esta forma, el proyecto pasó a su segundo trámite legislativo, a la espera de ser discutido en el Senado de la República.

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