Encuesta revela amplio apoyo a ley de reparación a víctimas de violencia rural

Un sondeo de la Multigremial Nacional realizado a emprendedores de todo el país reveló que el 98% de los encuestados apoya una ley de reparación a víctimas de violencia rural en la denominada macrozona sur, que contempla las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

El levantamiento realizado por la asociación gremial surgió a propósito de los centenares de atentados y hechos violentos perpetrados en ese territorio hace más de 20 años.

El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, destacó que los resultados son absolutamente concluyentes: Un 98% de los encuestados cree que debe haber una ley de reparación a víctimas, lo que refleja la necesidad urgente de avanzar en un proyecto que entregue reparación justa y proporcional a las víctimas.

La muestra se realizó a 660 personas en forma aleatoria en todo el país. Las regiones donde hubo mayor participación fue La Araucanía, Biobío, Metropolitana y Valparaíso. Los sectores productivos en que se desarrollan los encuestados son Agricultura, Comercio, Forestal y Hotelería y turismo.  

CONCLUSIONES

La encuesta indica que un 96% de los consultados cree que, en caso de haber reparación, ésta debe ser proporcional al perjuicio económico causado, terminando así con las compensaciones a través de organismos públicos que no tienen criterios definidos, que se otorgan por montos inferiores a los daños causados y que no consideran daño psicológico de las víctimas.

Respecto de qué organismo debe impulsar este proyecto para materializarse en una ley del Estado, un 52% de los consultados estima que la iniciativa debe emanar del Ejecutivo mientras que un 48% considera que debe hacerlo desde el poder Legislativo.

LEY DE REPARACIÓN

Swett explicó que desde la Multigremial Nacional convocamos un grupo de abogados expertos que trabajó durante seis meses y redactó un proyecto de ley de reparación a víctimas que hoy se encuentra en poder el gobierno, el que esperamos tenga piso político suficiente de parte del Parlamento y del Gobierno para que vea la luz y se transforme en ley.

En general, el proyecto pretende que las reparaciones sean proporcionales al daño causado, que exista resarcimiento del perjuicio psicológico y moral de las víctimas y también la creación de una instancia de reclamación administrativa y otra judicial simplificada, en caso de que no exista acuerdo entre las partes. Todo esto, regiría para todas las víctimas desde el año 2000 en adelante.