En mayo se verá demanda laboral de ex trabajadores en contra de Casa García

Recién para el 5 de mayo se fijó la audiencia de juicio en la demanda presentada en el Juzgado Laboral de Los Ángeles por los ex trabajadores en contra de la Casa García, cuyo propósito es exigir el pago de los compromisos pendientes a las empresas relacionadas con esa compañía.

La jornada preparatoria, realizada a fines de diciembre, fijó la realización de dicho procedimiento para el quinto mes del año, ocasión en que las partes debieran exponer sus respectivos argumentos.

Dicha audiencia se produce después que en septiembre del año pasado, la tradicional tienda - que funcionó por más de 80 años en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles y que tuviera sucursales en Concepción y Chillán- solicitara formalmente la liquidación (quiebra) voluntaria debido a deudas por más de 5 mil 300 millones de pesos.

Como parte del procedimiento de liquidación concursal, la liquidadora Bernardita Lavín ordenó que el pasado 4 de febrero se realizara el remate de los bienes en la causa. Al cabo, fueron subastados zapatos, prendas de vestir, maniquís, computadores y muebles de oficina, cuyo recaudación no ha sido informada.

El abogado Cristopher Maureira, que representa a 42 de los 45 ex empleados de Casa García, reiteró que los montos adeudados a los trabajadores solo por concepto de remuneraciones, vacaciones e indemnizaciones por años de servicio ascienden a la suma de los 315 millones de pesos. Dichos valores no consideran reajustes e intereses así como tampoco la aplicación de posibles multas.

El profesional recordó que varios de los ex empleados dedicaron más de cuatro décadas de esfuerzo y trabajo a la Casa García y que a consecuencia de los incumplimientos de la empresa, ahora están en la más completa indefensión y a la espera de los resultados del juicio laboral.

Entre los argumentos que se esgrimirán en la audiencia de juicio laboral está el concepto de unidad de empresas, que busca demostrar que si bien los trabajadores estaban contratados con la razón social de una empresa, cumplían funciones para otras cinco que están relacionadas a la misma tienda.

Es que la sociedad Abad, García y Pons SpA - con la cual existía el vínculo contractual - no tiene patrimonio para responder con las acreencias de los trabajadores. Sin embargo, si el tribunal establece que se trata de una misma empresa con varias sociedades, las demás sociedades son solidarias y responsables con sus compromisos económicos pendientes, en particular, con los ex empleados.

El profesional no se pronunció sobre las versiones en redes sociales respecto a que la tienda ahora usa un nombre similar para seguir comercializando ropa, zapatos y productos del hogar. Lo desconocemos por el momento, comentó.

QUIEBRA

EL 5 de agosto de 2020, las abogadas Yoanina Herrera y María Alicia Albornoz, en representación de la sociedad Abad, García y Pons SpA, ingresaron un escrito al Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles en que piden la liquidación voluntaria (quiebra) de Casa García, amparándose en la Ley 20.720 sobre de insolvencia y reemprendimiento.

El pasado 14 de septiembre, después de la presentación de documentación adicional, el tribunal accedió a la solicitud de petición de quiebre y designó como liquidadora titular a Bernardita Alejandra Lavín Valdés, de la Región Metropolitana.

En la nómina de acreedores presentada al tribunal, se declara un monto adeudado a la fecha de $5.346 millones. Sin embargo, de ese total, cerca de la mitad ($2.686 millones) corresponderían a préstamos sin documentar que fueron otorgados por familiares de la misma empresa. De hecho, el mayor acreedor es el propio Rafael Abad García, quien figura como representante legal de la compañía a quien se le adeudaría poco más de $1.202 millones. En segundo lugar, está Comercial e Inversiones Principado por $686 millones, cuyo domicilio está en la misma tienda. También otras empresas con la misma dirección, como la Sociedad de Inversiones Campomanés ($136 millones), la Sociedad Comercial e Inversiones Campoamor ($544 millones) y la Comercial Asturias ($25 millones).

En  materia laboral, solo se admiten deudas por $13 millones correspondientes al pago de cotizaciones previsionales.

En el mismo documento, se reconoce también la existencia de una serie de juicios, especialmente civiles, relacionado con el cobro de facturas, pagarés y cheques aunque no se precisan los montos ni los acreedores comprometidos.