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Gobierno y universidades se niegan a suspender cobros de aranceles

Desde el Consejo de Rectores de las universidades chilenas indicaron que la moción impactaría negativamente a los centros educacionales, punto en el que coincidió el Ministerio de Educación que, además, calificó la medida como inconstitucional.


 Por La Tribuna

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A través del sitio oficial de la Cámara de Diputados se informó que “La Comisión de Educación de la Cámara analizó junto al vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Aldo Valle, y al subsecretario de Educación, Juan Eduardo Vargas, el proyecto de ley que dispone la suspensión del cobro de aranceles y derechos de matrícula y similares, por parte de instituciones de educación superior, durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, con ocasión de la pandemia del Covid-19”. 

El texto agrega que “Según la propuesta, cada estudiante beneficiado tendrá el derecho a que la suma no cobrada y que adeude sea prorrateada en al menos veinticuatro meses, en cuotas iguales y mensuales, que no podrán generar intereses ni multas por mora.

El texto legal subraya la prohibición de condicionar la rendición de exámenes y otras evaluaciones o el otorgamiento de títulos, diplomas o certificaciones al pago de aranceles o cualquier otra exigencia pecuniaria.

EL PORTAZO DEL GOBIERNO Y DEL CRUSH

Vía teleconferencia, el vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas dijo que hay una serie de observaciones dirigidas a la viabilidad económica que generaría el proyecto.

Aldo Valle estimó que se requiere de una evaluación de cada una de las universidades, ya que la coyuntura de déficit que las afecta se ha extendido y no se produce exclusivamente con la emergencia sanitaria.

Argumentó que, desde la crisis social del 18 octubre, se produjo un impacto en la morosidad que se sumó luego al proceso de matricula 2020, el que disminuyó en algunos casos al 50%.

En tanto, Juan Eduardo Vargas, subsecretario de Educación Superior, detalló que parte del interés del proyecto está siendo respondido por las universidades.

En este contexto, dijo que el proyecto tiene una intención loable, pero un efecto negativo, que implica un desfinanciamiento relevante para las instituciones de educación superior, ya que dejar sin ingresos a las instituciones es condenarlas a un ajuste de costos mayúsculos.

En ese sentido, el subsecretario sostuvo que el proyecto “tendría el carácter de inconstitucional, ya que hace mención o pretende hacer injerencia con la administración financiera del Estado”.

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