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Congreso vivirá semana clave para proyectos sociales que protegen a los más vulnerables

En paralelo, Iván Norambuena busca proteger a los funcionarios de la salud, Joanna Pérez criticó las medidas de Piñera para la suspensión del pago de los servicios básicos y Manuel Monsalve logró el apoyo para que las transnacionales cooperen con la salud de los chilenos.


 Por La Tribuna

Sala Diputados

El parlamento tendrá una nueva sesión extraordinaria para votar ideas relacionadas con la revisión técnica, el permiso de circulación y las licencias vencidas, pero además puede mandar a ley el proyecto que garantiza el sueldo de los trabajadores en esta crisis.

El Poder Legislativo se enfrenta al Poder Ejecutivo en el proyecto de ley que protege el pago de los sueldos de los trabajadores en medio de un Estado de Catástrofe, luego de que la idea legislativa de los parlamentarios chocara en el dictamen de la Dirección del Trabajo, el cual permite a un empleador no pagar el salario de sus funcionarios si estos no se presentan físicamente a cumplir sus labores, en medio de la crisis sanitaria.

Así, a última hora del viernes (también en sesión extraordinaria), la Cámara de Diputados envió a la Cámara de Origen para que se vote en sala (Senado) el proyecto que asegura el pago de las remuneraciones del trabajador en tiempos de crisis, cuestión que fue cuestionada por el Gobierno a través de su ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

El responsable de la billetera de todos los chilenos acusó a la oposición (en Twitter) de promover artículos inconstitucionales en esta idea legislativa, culpándolos del retraso en la discusión y, en consecuencia, de la demora para que esta posible ley anule el documento de la Dirección del Trabajo.
Así, Briones publicó en sus redes sociales (el viernes en la noche): “Lamento informar que el proyecto de Protección del Empleo no podrá salir hoy.

Luego de discutir el cúmulo de indicaciones inconstitucionales que miembros de oposición de la Comisión del Trabajo de la Cámara aprobaron hoy, el proyecto se verá en comisión mixta el martes”.

Por lo mismo, y solo en el último día hábil del mes de marzo, los empleadores y los trabajadores sabrán qué hacer con el pago del sueldo, y la pregunta lógica entonces será si habrá o no sueldo para quienes no fueron, en medio de la situación sanitaria que vive el país, a sus puestos.
En paralelo, el sector de transportes sigue a la expectativa sobre si se permitirá o no trabajar con la revisión técnica, la licencia de conducir y el permiso de circulación vencidos (lo que aparece como futura ley también paliaría los problemas económicos de los particulares, pero el trasfondo de la misma es asegurar el abastecimiento de los productos en todo el país).

Mientras se legisla, los diputados del Distrito 21, Joanna Pérez, Manuel Monsalve e Iván Norambuena, siguen insistiendo en que esta crisis se soluciona si apuntamos todos al mismo lado.

MANUEL MONSALVE

El diputado pidió durante la semana pasada el aporte de las empresas transnacionales de la madera para ayudar a financiar parte de las necesidades de la población.

El socialista abogó para que las forestales compraran test de detección rápida del coronavirus y que estos fueran distribuidos, por salud, a todas las comunas de Chile, lo que logró un resultado positivo.

De esta forma, y aunque no fueron estas empresas las que respondieron a su llamado, sí lo hizo la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la que entregará 50 mil millones de pesos para la compra de test de detección rápida del COVID-19 y para adquirir insumos médicos.

Tal como fue su solicitud originaria, Monsalve insistió en que se aclare cuántos de esos recursos llegarían a la región del Biobío: “Le escribimos una carta a las empresas de la zona, la que en tan solo tres días logró reunir más de 500 firmas de ciudadanos, entre los que se cuentan alcaldes, concejales y una gran cantidad de dirigentes sociales de la región. En ella, apelamos a la responsabilidad de quienes han logrado obtener durante décadas ganancias multimillonarias y hoy hemos sido escuchados, con un aporte que pensamos puede salvar vidas. Lo que se requiere entonces ahora es conocer los reales alcances del anuncio para la región”.

En este sentido, y tras el pronunciamiento de la CPC, el parlamentario insistió en que los aportes del privado sirven para dar mayor fuerza a la idea del trabajo mancomunado para salir adelante: “Pero también están aquellas acciones que el gobierno, los empresarios y la sociedad en su conjunto logren implementar, y un ejemplo de esto es lo que le habíamos solicitado a las empresas y que hoy se comienza a llevar a la acción, cual es la compra, entre otros, de los instrumentos de medición del coronavirus”.

El aporte del privado es para detener el avance de la pandemia, tal como se ha demostrado en Europa. Insistió el congresista: “Los test de detección rápida del coronavirus permiten salvar muchas vidas por aislamiento temprano de las personas que den positivo. Estos han demostrado su efectividad detectando más casos e identificando focos de contagio. Es por su rapidez y efectividad que hicimos la solicitud, entendiendo que en esta situación de crisis, nadie puede restarse”.

Pero más allá de felicitar a CPC, Manuel Monsalve reiteró la responsabilidad que deben tener todos los chilenos: “Para ganarle al coronavirus se requiere disciplina, autocuidado, medidas concretas, solidaridad y responsabilidad. El anuncio de la CPC es el resultado de la exigencia ciudadana y el entendimiento del rol social empresarial, el que siempre es un deber”.

IVÁN NORAMBUENA

El diputado de la UDI ha trabajado desde la ideología de su partido para proteger a las pymes y a los trabajadores de la salud del país.

Así, mientras ha sido voz activa en la futura ley conocida como el Bono COVID-19, también manifestó en las últimas horas la necesidad de dar apoyo a los funcionarios de los centros asistenciales, incluyendo a los municipales y estatales.

De esta forma, Norambuena ha solicitado un subsidio especial y seguro de vida para los profesionales de la salud.

El gremialista ha insistido en los últimos días en lo imperioso que se vuelve habilitar “residencias exclusivas para profesionales de la salud, subsidios para la contratación de cuidadores o niñeras, otorgar seguros de vida y habilitar una red de apoyo psicológico para los profesionales de la salud”.

De esta forma, ha pedido “tener un especial cuidado con quienes se encuentran en la primera línea de combate contra esta pandemia. Estamos hablando de personas detrás de las cuales hay familias, hijos a quienes deben cuidar, o adultos mayores que atender en sus casas después del trabajo”.

Para explicar sus ideas, el legislador dijo que “obviamente que los profesionales tienen un temor de contagiar a sus hijos, padres o abuelos. Este virus no discrimina condición social ni edad, y si bien pueden tomar todos los resguardos al momento de irse a sus hogares, el virus se puede transmitir de igual manera”.

Agregó la exigencia de que “el Estado otorgue una especial protección financiera a todos estos profesionales mediante la contratación de seguros de vida que permitan otorgar tranquilidad financiera a las familias que pierden a un padre o madre, hijo o hija, en combate del COVID-19”.
En materia individual, Iván Norambuena reiteró que es fundamental “cuidar también de la salud mental de los funcionarios de la salud, y darles una red de apoyo en medio de esta crisis, que ha significado largas jornadas de trabajo y centros de salud colapsados”.

JOANNA PÉREZ

Uno de los proyectos que buscan proteger a los chilenos más vulnerables en la crisis sanitaria ha sido impulsado por la vicepresidenta de la Democracia Cristiana.

En su idea, la legisladora busca la suspensión y pago en cuotas, una vez que salgamos del coronavirus, de los servicios básicos.

El tema fue tomado por La Moneda que, a través del Presidente de la República, anunció una serie de acuerdos con los prestadores de estos servicios, los cuales fueron criticados por la representante del Distrito 21.

Pérez fustigó al Ejecutivo por adelantar anuncios cuando existe un proyecto que ya está listo para ser votado en la sala y que, de ser ley, dejaría sin efectividad lo dicho por el Presidente.

“Acordamos en la Comisión de Economía el sacar primero un paquete de medidas en lo que es servicios básicos, y luego analizar los proyectos que van orientados a los bancos, a los créditos de consumo, créditos hipotecarios y también en el marco de la educación, donde tenemos a personas endeudadas, donde están corriendo los plazos y hoy día no tenemos claridad de parte del gobierno”, explicó la diputada.

Agregó que considera positivas las palabras del Presidente, pero dijo que el Estado debe tener a todos los poderes alineados: “Yo valoro estas medidas, ha sido pertinente el legislar en estas materias y se agradece que el Ejecutivo salga activamente a pedir que las empresas tengan acciones de responsabilidad social, pero hoy las familias no tienen la claridad de qué va a pasar con sus empleos y sus ingresos, y eso es lo que debemos garantizar.

Hoy día nos necesitan, al Estado de Chile y a todos los poderes a disposición de todas las familias que más lo requieren”.

La falangista advirtió a los chilenos que hay que poner especial atención en la llamada “letra chica” de los anuncios del mandatario: “Creo que siempre hay ‘letra chica’ porque lamentablemente hay empresas que buscan mantener sus utilidades, tienen grandes redes, y claramente lo que quieren hoy día es no permitir que nosotros avancemos en este proyecto de ley”.

La democratacristiana insistió en que las buenas intenciones de las grandes empresas deben ser custodiadas por una ley que les obligue a cumplir con sus palabras, al decir que “este proyecto de ley que estamos tramitando permite que si una empresa no cumple en el caso de que no debe suspender ningún servicio en este periodo, arriesga multas de 1000 a 2000 UTM, y eso es lo que hoy día las empresas no quieren y rápidamente salió a defender este gobierno, hoy el gobierno ha salido a defender propuestas para el 40 por ciento. Pero en el anuncio no está incluida la clase media, estamos iniciando una crisis económica que va a golpear fuertemente no tan solo al sector más vulnerable, sino también a la clase media, a este Gobierno constantemente se le olvida abordar a la clase media de nuestro país”.

Joanna Pérez finalizó diciendo que “nuestra propuesta de ley va a seguir porque la gente hoy día necesita transparencia, y eso se lo podemos dar con una ley y no con letra chica”.

Especial Coronavirus

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