miércoles 01 de abril, 2020

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Junta de Vecinos exige la inmediata demolición de añoso edificio de la ANEF

Mientras el directorio nacional de la entidad resolvió la venta del inmueble, los funcionarios públicos a nivel provincial formaron una comisión pro-defensa del recinto a fin de ser tomados en cuenta sobre lo que se hará con el edificio.


 Por Juvenal Rivera

11, 1, edificio anef

Jaime Vásquez aún está convaleciente. Fue operado a principios de febrero de un problema cardiaco. Sin embargo, eso no le quita fuerza para referirse a uno tema que lo viene inquietando hace mucho tiempo. 10 años para ser más exactos.

Es que desde que el terremoto del 27 de febrero de 2010 – del cual recién se cumplió una década – Jaime Vásquez ha expresado, en todos los tonos posibles y ante quien quiera escucharlo, que el abandonado edificio de la ANEF.

Porque la estructura que fue construida en 1943 para acoger a los futuros sacerdotes de la orden de los Capuchinos y que resistió el violento movimiento telúrico de 1960, quedó herido de muerte en la catástrofe de hace 10 años.

Y ya han pasado dos lustros y nada. Ahí permanece el edificio, inhiesto, deteriorándose aún más por su condición de total abandono, a expensas de los borrachos y drogadictos que escalan las rejas del condominio para ocultarse de las miradas inquisidoras en alguno de los cuatro pisos del recinto de muros con ladrillo a la vista.

Vásquez es presidente de la junta de vecinos que comprende también al condominio cuyas bloques de departamentos de tres pisos fueron remozados gracias a ese innovador plan del Servicio de Vivienda y Urbanismo (serviu), que también abarcó a los conjuntos Corvi y Plaza Pinto.

Justo en el medio del condominio está el vetusto edificio. “Es la manchita negra que tenemos acá”, señala el dirigente quien teme porque – y eso lo sabemos todos – que un nuevo terremoto azote nuestra zona y la estructura termine por colapsar. “No hay más de cinco metros entre el edificio ANEF con los departamentos del entorno que, más encima, son más bajos porque solo tiene tres pisos”, dice con manifiesta inquietud.

La referencia lleva a lo sucedido en 2010 en que el colapso de los primeros pisos en los departamentos de la calle Galvarino causó que los bloques cayeran sobre los edificios contiguos. Al cabo, todo el conjunto debió ser demolido por el riesgo para sus residentes.

GESTIONES CON LAS AUTORIDADES

Según Jaime Vásquez, “alguien se debe hacer cargo. Acá no hay que dejar de hacer lo que se debe hacer porque el peligro es inminente”, pidiendo explícitamente la demolición inmediata de la deteriorada estructura.

Además, han llevado su queja a las autoridades a todo nivel. La advertencia también la hicieran llegar a los dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), con quienes se reunieron el año pasado para pedir soluciones prontas a la inquietud vecinal.

Sin embargo, “hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna”, se queja el presidente de la junta de vecinos.

Vásquez sabe que la demolición del edificio tiene un alto costo por el tamaño de la estructura y por su ubicación en medio de departamentos residenciales. Sin embargo, insiste en la importancia de prevenir antes que lamentar que un nuevo terremoto – tan propio de nuestra historia nacional – ocasione daños severos y cueste la vida de alguno de los habitantes del entorno.

ANEF

En paralelo a las gestiones de la junta de vecinos, la directiva nacional de la ANEF, en septiembre del año pasado, decidió vender el recinto, según lo informó en su momento el primer vicepresidente nacional de la entidad, Jorge Conzález.

Sin embargo, a nivel local, el referente local de dicha organización gremial, que está en proceso de rearticulación de su directiva provincial, está pidiendo ser tomada en cuenta por los estamentos nacionales en la toma de decisiones sobre el futuro del edificio.

Aunque admiten que es altamente probable que se venda el edificio, ellos abogan para que los recursos de la venta – o parte de éstos – se destinen en la compra de un nuevo recinto en Los Angeles.

La petición se basa en que los trabajadores del sector público en la provincia fueron los  que aportaron un día de sus sueldos para comprar el recinto, que incluía el edificio de la orden capuchina.

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