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La Tribuna

Junta de Vecinos exige la inmediata demolición de añoso edificio de la ANEF

por Juvenal Rivera Sanhueza

Mientras el directorio nacional de la entidad resolvió la venta del inmueble, los funcionarios públicos a nivel provincial formaron una comisión pro-defensa del recinto a fin de ser tomados en cuenta sobre lo que se hará con el edificio.

11, 1, edificio anef /

Jaime Vásquez aún

está convaleciente. Fue operado a principios de febrero de un problema

cardiaco. Sin embargo, eso no le quita fuerza para referirse a uno tema que lo

viene inquietando hace mucho tiempo. 10 años para ser más exactos.

Es que desde que el

terremoto del 27 de febrero de 2010 - del cual recién se cumplió una década -

Jaime Vásquez ha expresado, en todos los tonos posibles y ante quien quiera

escucharlo, que el abandonado edificio de la ANEF.

Porque la

estructura que fue construida en 1943 para acoger a los futuros sacerdotes de

la orden de los Capuchinos y que resistió el violento movimiento telúrico de

1960, quedó herido de muerte en la catástrofe de hace 10 años.

Y ya han pasado

dos lustros y nada. Ahí permanece el edificio, inhiesto, deteriorándose aún más

por su condición de total abandono, a expensas de los borrachos y drogadictos

que escalan las rejas del condominio para ocultarse de las miradas inquisidoras

en alguno de los cuatro pisos del recinto de muros con ladrillo a la vista.

Vásquez es

presidente de la junta de vecinos que comprende también al condominio cuyas

bloques de departamentos de tres pisos fueron remozados gracias a ese innovador

plan del Servicio de Vivienda y Urbanismo (serviu), que también abarcó a los

conjuntos Corvi y Plaza Pinto.

Justo en el medio

del condominio está el vetusto edificio. Es la manchita negra que tenemos

acá, señala el dirigente quien teme porque - y eso lo sabemos todos - que un

nuevo terremoto azote nuestra zona y la estructura termine por colapsar. No

hay más de cinco metros entre el edificio ANEF con los departamentos del

entorno que, más encima, son más bajos porque solo tiene tres pisos, dice con

manifiesta inquietud.

La referencia

lleva a lo sucedido en 2010 en que el colapso de los primeros pisos en los

departamentos de la calle Galvarino causó que los bloques cayeran sobre los

edificios contiguos. Al cabo, todo el conjunto debió ser demolido por el riesgo

para sus residentes.

GESTIONES CON LAS

AUTORIDADES

Según Jaime

Vásquez, alguien se debe hacer cargo. Acá no hay que dejar de hacer lo que se

debe hacer porque el peligro es inminente, pidiendo explícitamente la

demolición inmediata de la deteriorada estructura.

Además, han

llevado su queja a las autoridades a todo nivel. La advertencia también la

hicieran llegar a los dirigentes nacionales de la Asociación Nacional de

Empleados Fiscales (ANEF), con quienes se reunieron el año pasado para pedir

soluciones prontas a la inquietud vecinal.

Sin embargo,

hasta la fecha no hemos tenido respuesta alguna, se queja el presidente de la

junta de vecinos.

Vásquez sabe que

la demolición del edificio tiene un alto costo por el tamaño de la estructura y

por su ubicación en medio de departamentos residenciales. Sin embargo, insiste

en la importancia de prevenir antes que lamentar que un nuevo terremoto - tan

propio de nuestra historia nacional - ocasione daños severos y cueste la vida

de alguno de los habitantes del entorno.

ANEF

En paralelo a las

gestiones de la junta de vecinos, la directiva nacional de la ANEF, en

septiembre del año pasado, decidió vender el recinto, según lo informó en su

momento el primer vicepresidente nacional de la entidad, Jorge Conzález.

Sin embargo, a nivel

local, el referente local de dicha organización gremial, que está en proceso de

rearticulación de su directiva provincial, está pidiendo ser tomada en cuenta

por los estamentos nacionales en la toma de decisiones sobre el futuro del

edificio.

Aunque admiten

que es altamente probable que se venda el edificio, ellos abogan para que los

recursos de la venta - o parte de éstos - se destinen en la compra de un nuevo

recinto en Los Angeles.

La petición se

basa en que los trabajadores del sector público en la provincia fueron los  que aportaron un día de sus sueldos para comprar

el recinto, que incluía el edificio de la orden capuchina.

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