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Ley Antisaqueos: comienza tercer trámite de debate legislativo en la Cámara de Diputados

La moción podría ser aprobada en la Cámara baja sin grandes cambios. De no existir acuerdos, deberá volver al debate, pero esta vez en una comisión mixta, es decir, una compuesta por diputados y senadores.


 Por La Tribuna

Diputados

Luego de que el Senado aprobara todos los artículos relacionados con las barricadas, saqueos y el llamado “el que baila pasa”, el proyecto de ley volvió a la Cámara de Diputados, donde deberá pasar el tercer trámite legislativo, el cual comienza ahora, antes de ser promulgada.

El regreso de la moción a la Cámara baja permitirá modificarla o aprobarla tal como viene desde el Senado.

El proyecto, antes de regresar a los diputados, debió enfrentar a la Comisión de Seguridad, donde sufrió varios cambios, y de Constitución, donde pasó sin grandes modificaciones.

De regreso a su lugar de origen, el texto tiene dos caminos: ser aprobado, o bien, pasar a una comisión mixta.

PÉREZ Y URRUTICOECHEA

De regreso en la Cámara baja, el proyecto de la llamada Ley Antisaqueos deberá ser discutido y analizado hasta ser votado, con miradas distintas, pero con una donde se sabe que se necesita castigar penalmente a quienes hagan barricadas, cometan saqueos o provoquen la obstrucción del tránsito, como por ejemplo, con la acción “el que baila pasa”.

A juicio de la diputada de la Democracia Cristiana, Joanna Pérez, “no hay grandes modificaciones desde el Senado, si bien hay temas de penas y algunos temas que se pueden mejorar”.

La parlamentaria resaltó que es “importante, en el momento que vivimos y por lo que viene, creo que es necesario dar celeridad, pero también nosotros como bancada vamos a escuchar a los parlamentarios que presentaron este proyecto, y si hay indicaciones y si hay algunas observaciones, que en comisión también lo pueden ver, no nos cerramos a modificar”.

En este punto, Pérez recordó que “nosotros no aprobamos un proyecto y después nos retractamos y pedimos disculpas; nosotros creemos que hay que legislar, justamente para proteger la demanda social en demandas pacíficas y para no permitir que otros se tomen las demandas sociales para generar delincuencia, saqueo, lo que hemos visto, y creo que ahí hay que ser muy duro”.

Pérez dijo que el Congreso tiene clara su labor a la hora de legislar proyectos que hablan de la seguridad de las personas, apuntando así al Ejecutivo, a quien pidió respetar a las personas.

“El gobierno debe hacer lo suyo, respetando los derechos humanos y haciendo el trabajo que corresponde, y también la clase política debe ser muy clara en esto y respaldar un proyecto, y por cierto, también reprochar las conductas de delincuentes que utilizan la demanda social, muy sentida por cierto, para que podamos cambiar Chile”, cerró la representante del distrito 21.

Desde la otra vereda ideológica, el diputado Cristóbal Urruticoechea habló del espíritu y del objetivo de una idea que ha tomado fuerza tras el estallido social: “el propósito de este proyecto de ley es tipificar como delito la alteración pública”.

El diputado de Renovación Nacional dijo que “no podemos permitir que delincuentes queden impunes ante hechos que impiden el derecho a vivir en paz que tenemos todos”.

En este sentido, se detuvo y detalló todas las acciones que a su juicio violentan la estabilidad y la paz de las personas: “Paralizar o interrumpir un servicio público de primera necesidad, afectando gravemente su funcionamiento. Ejecutar actos de violencia peligrosos para la vida o la integridad física de las personas. Destruir total o parcialmente en forma relevante una vivienda o un establecimiento comercial o industrial, una oficina pública o privada, uno o más vehículos motorizados o irrogar daño a bienes de reconocida importancia científica, religiosa o social. Incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos. Impedir o dificultar la actuación del personal de los Cuerpos de Bomberos u otros servicios de utilidad pública. Ocupar o usurpar bienes inmuebles de carácter industrial, comercial o agrícola, sean estos públicos o privados. Son evidentemente actos condenables y requieren de una sanción”.

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