Servicio de Salud de la provincia se suma al proyecto de trato respetuoso y justo para personas trans

Si bien existían documentos emanados desde el Ministerio de Salud (Minsal) desde hace años, por ejemplo dos circulares, una del año 2007, y otra más específica con fecha de junio del año 2012, en las que se indica que todas las personas trans debían ser tratadas en los servicios de salud utilizando el nombre social, es decir, aquel que tiene relación con la identidad de género de cada persona y no el nombre del carné de identidad, fue a partir del viernes recién pasado cuando comenzó oficialmente la puesta en marcha de los protocolos en la provincia de Biobío.

Es importante señalar que el debate respecto de la desclasificación o despatologización de la transexualidad ha constituido una de las grandes discusiones de los últimos años, y ocurre gracias a que este tema se ha conversado y problematizado desde el activismo trans, gay y lésbico, que lentamente ha ido teniendo relevancia en el trabajo de los profesionales de la salud a nivel mundial, especialmente en psiquiatras y psicólogos.

Y si bien estamos recién en el inicio de todos los procesos de inclusión en materia de salud para personas trans, hay que señalar que estos avances son muy importantes a la hora de garantizar un sistema de salud pública que tenga las condiciones mínimas de respeto para un grupo de la población que, hasta hace no muchos años, sufría por no poder acceder a una cartera de prestaciones médicas acorde con sus necesidades. PROTOCOLOS DE ATENCIÓN

Durante los últimos años se han realizado, por parte de las autoridades de salud, una multiplicidad de intentos para generar que el trato inclusivo sea una realidad para todas y todos quienes se atienden en el sistema público. Para ello, se han extendido un buen número de protocolos de atención y guías para formalizar la manera en que se realizan los procedimientos médicos. Ya desde los primeros años de la década, el Minsal realizó avances que se publicaron en dos circulares: la número 34, fechada en el mes de septiembre de 2011, que fue emitida por el organismo para garantizar el respeto a la identidad de género y nombre social de las personas trans en el sistema público de atención, así como la circular 21, fechada el 14 de junio de 2012, a solicitud de la Organización de Transexuales por la Dignidad de la Diversidad y la Comisión Trans de Fundación Iguales. Cabe señalar que en esta nueva circular, esa definición se modificó, reiterándole a los servicios de salud el deber de los funcionarios de respetar no solo la identidad de género, sino además el nombre social de las personas trans, con especial énfasis en lo que tiene que ver con la atención primaria de salud. Además, se exigió incorporar a esta práctica a todas las personas travestis e intersex.

LA NUEVA EXPERIENCIA EN LA PROVINCIA

Para los efectos de atención en todas las comunas pertenecientes a la provincia de Biobío, se realizó una ceremonia en las instalaciones del Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz para dar a conocer la entrada en vigencia de la incorporación del nombre social a la red asistencial de Biobío, con la que la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud busca disminuir las inequidades, brechas y/o barreras que pudiesen existir en la atención a personas trans en la red de salud, para la implementación de protocolos que aseguren el trato digno a usuarios trans, de acuerdo con la ley de derechos y deberes de los pacientes y la ley que reconoce y da protección al Derecho de la Identidad de Género (ley 21.120).

El Servicio de Salud Biobío, junto al Complejo Asistencial, realizaron un trabajo para incorporar el nombre social a los registros electrónicos (SAC), los cuales se reflejan en todas las pantallas de llamado del paciente, como por ejemplo, aviso de retiro de medicamentos en farmacia y llamado para atención de urgencia, entre otros. Esta iniciativa estará implementada en toda la Red Asistencial de Biobío, es decir, en el Hospital de Los Ángeles, los seis Hospitales de la Familia y la Comunidad, y también en los Cesfam.

Si bien la Ley 21.120 otorga el derecho a solicitar la rectificación del nombre de pila y sexo a partir de los 14 años (con tutor legal para menores de edad), la incorporación del nombre social en la Red Asistencial permitirá realizarlo antes de los 14 años, lo que significa que cualquier infante o adolescente pueda ser reconocido dentro de los registros de cualquier centro asistencial de salud que sea del Estado, con el nombre que lo o la identifique.

Dentro de las especificaciones de esta implementación se puede mencionar el trabajo con los diversos módulos de atención, capacitando en la temática a los funcionarios con el fin de que se deba considerar siempre el uso del nombre social y el género con el cual dicha persona se identifica, independientemente del nombre que figure en su documento de identidad.

Otra de las características relevantes de esta implementación es que en el caso de que una persona trans no pida voluntariamente ser identificada según su nombre social y género, se le debe informar de la existencia de esta implementación y preguntar cómo prefiere ser inscrita y tratada para que, al momento de tomar los datos de identificación propios del proceso de atención de salud, se le debe preguntar a la persona el nombre social y el nombre legal.

También es importante destacar que se incorporó el nombre social en el brazalete de identificación, así como también en los letreros de identificación de las camas de los hospitalizados. También en los formularios de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) se ha incorporado un campo que permite añadir el nombre social.

Respecto de esta implementación en la provincia, el psicólogo Maximiliano Balboa, quien participó de este evento, señaló durante una conversación en el programa La voz de la provincia, de Radio San Cristóbal, que la importancia de esta implementación tiene que ver, básicamente, con el tema de la dignidad. Además señaló que una de las problemáticas (de que esto no estuviera implementado), casi siempre tiene que ver con el tema de la adherencia, ya que si no hay un trato digno, obviamente uno no quiere adherir a sus controles de salud y esta implementación viene a hacer más fácil eso.

Durante la misma conversación en el noticiario central de Radio San Cristóbal, Antonella Muñoz, quien también estuvo presente en la ceremonia, señaló que esto es un gran avance; es un gran apoyo para tantas personas que son vulneradas diariamente en el sistema de salud o en otras áreas e instituciones, pero principalmente en el área de salud, donde se espera que esté presente la ética en su nivel máximo. ENCUESTA NACIONAL

Dentro de este contexto y escenario de reconocimiento y valoración de las personas con sexualidades diversas, es importante mencionar que la IX Encuesta Nacional de Juventud expresa un incremento personas que se reconocen como parte del segmento con sexualidades diversas, así como también de quienes dicen ser heterosexuales, disminuyendo la cifra de quienes dicen que no saben o no se refieren al tema, lo cual significa que hay menos temor para señalar o comentar la orientación sexual, sea cual sea, señaló al día viernes el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), tras dar a conocer las cifras referentes a la población LGBTI.

Un dato interesante para aportar al debate sobre la importancia de dialogar sobre estos temas y de que más personas con sexualidades diversas se sientan seguras y en un entorno que les aporte dignidad, es que ha ido disminuyendo el número de personas que no sabe o no responde: si en 2013 era del 12%, en 2015 cayó al 11,3%, y en 2019 se ubicó en 2,3 por ciento.

El estudio también reflejó un aumento del apoyo de los jóvenes a los derechos LGBTI: el 68,5% respalda el matrimonio igualitario y un 60,7% la adopción homoparental. En 2015, los números eran de 58,6% y 50,1%, en forma respectiva.

CRECIENDO EN MATERIAS DE IGUALDAD Y DIGNIDAD

Finalmente, y para dar contexto a la realidad de las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI, otro avance en materia de dignidad y reconocimiento de derechos se dio esta semana en la Cámara de Diputados, ya que el jueves 9 de enero se votó finalmente en general el proyecto que sanciona la incitación a la violencia, el odio y el negacionismo, luego de varios de meses de haber sido despachado desde la Comisión de Derechos Humanos.

La iniciativa, presentada por el gobierno de la ex presidenta Bachelet, busca sancionar penalmente aquellos discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana, generen una apología del odio capaz de desencadenar actos de violencia en contra de un grupo de personas.

Es una ley que está, al igual que en todos los países desarrollados, sancionando estos discursos de odio que, a juicio nuestro, tendrían que tener un resultado. Esto infringe el carácter democrático e inclusivo de una sociedad. El discurso de odio es un discurso que agravia, más que a las personas, a colectivos completos, y por tanto le hace daño a la sociedad chilena, detalló la diputada Carmen Hertz.

De esta forma, gracias a la incorporación del nombre social en las redes asistenciales de salud y a este nuevo proyecto que avanza en el Congreso, no solo se debe reconocer y respetar la identidad de las personas trans, a pesar de lo que diga el registro biolegal, sino que además, en un futuro más próximo, podrán sentirse cada vez más seguros y seguras gracias a que los discursos de transfobia ya no solo no serán admisibles, sino que, además, serán sancionados por ley para evitar que sigan creciendo aquellos grupos que incitan a la agresión de estas personas, solo por ser diferentes a lo que ha dictado la heteronorma impunemente y por demasiado tiempo.