Formalizan a matrimonio angelino por obtener más de $11 millones con licencias médicas fraudulentas

Por el delito de  obtención fraudulenta de subsidios estatales, uso malicioso de

instrumento privado falso, y simulación de estar empleado con el propósito de

obtener los beneficios de previsión fue formalizada una pareja de Los Ángeles,

luego de ser descubierta su participación en cobros ilegales.

Esto, por medio

de una investigación en contra del matrimonio que entre mayo de 2011 y

diciembre de 2015 obtuvo de manera ilegal que el Fondo Nacional de Salud

(Fonasa) y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) les

validaran el pago de más de 11 millones pesos en  subsidios por incapacidad laboral.

Según se dio a

conocer en el procedimiento realizado por el fiscal Rodrigo Durán, los

implicados identificados con las iniciales M.V.L de 36 y M.I.B de 35

consiguieron de manera fraudulenta que el Fisco les cancelara un total de 57

licencias médicas.

Además de ello,

intentaron lo mismo con otros 16 documentos, las que fueron rechazados y dieron

pie para que las acciones ilícitas fueran descubiertas.

Sobre esto, el

fiscal comentó que este matrimonio fingió relaciones laborales con una persona

anciana que no tenía los recursos para financiar dichas relaciones laborales e

ingresaron contratos aparentemente firmados por la mujer, los que serían falsos

y fueron ingresados en Compin con otras liquidaciones falsas, donde presentaban

además licencia por incapacidad, donde se les pagaron dichos subsidios.

En detalle se

dio a conocer que los involucrados ingresaron a la Compin de Los Ángeles falsos

contratos de trabajo y múltiples licencias médicas que prescribían reposo. De

esta manera, consiguieron que se les pagara los correspondientes subsidios por

enfermedad o incapacidad laboral temporal, sin tener derecho a ello.

Sobre los

implicados, se dio a conocer que ambos imputados tienen irreprochable conducta

anterior, y el Juzgado de Garantía de Los Ángeles les aplicó la medida cautelar

de arraigo nacional.

Por esto, se

fijó un plazo de ocho meses para finalizar la investigación.