Quiebra de Casa García: hoy se llevará la primera junta de acreedores

Desde deudas por servicios básicos, como el consumo de energía eléctrica, pasando por cotizaciones previsionales impagas, además de facturas y créditos sin cancelar.

Hasta el pasado viernes 23 de octubre, un total de 30 empresas ha declarado en el Primer Juzgado de Letras de Los Ángeles la existencia de compromisos de pago pendientes por parte de la empresa Abad, García y Pons SpA, que representa legalmente a la tienda Casa García.

Se trata del proceso de verificación de crédito que apunta a que todos los acreedores con la tradicional casa comercial demuestren - a través de pagarés, cheques y facturas - que existen deudas por pagar.

Casa García, después de más de 80 años de funcionamiento, cerró sus puertas a mediados de septiembre, luego que se acogiera al proceso de liquidación voluntaria afirmando tener deudas por más de 5 mil 340 millones de pesos, según declaró en la instancia judicial.

La demostración de las deudas permite que los acreedores tengan participación en la primera junta de acreedores de Casa García, que está prevista para la jornada de este martes, a contar de las 10 y las 10:30 horas. Se llevará a cabo por videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom dispuesta por el propio Poder Judicial.

La determinación fue tomada por el tribunal, a petición de la liquidadora Bernardita Alejandra Lavín Valdés quien fue designada para hacerse cargo de la empresa y saldar las cuentas pendientes con sus acreedores, incluidos los empleados de la tienda.

La junta de acreedores es uno de los principales hitos dentro del proceso de liquidación (quiebra) de la tradicional tienda de vestir que funcionó en pleno centro de la ciudad de Los Ángeles con filiales en Concepción y Chillán.

EMPLEADOS

Dentro de los acreedores están los 70 trabajadores de las tiendas en la casa matriz en la capital provincial de Biobío y en las sedes de comunas debido a que les adeudan sueldos, cotizaciones previsionales, finiquitos, indemnizaciones por años de servicio, entre otros derechos laborales.

Sin embargo, en la información entregada por la empresa no se reportan esos compromisos con sus empleados ni tampoco con el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) ni las administradoras de fondos de pensiones (AFP).

MAYORES ACREEDORES

Dentro de los acreedores más importantes, de acuerdo a la sociedad controladora, están familiares y empresas relacionadas con la compañía matriz, cuyo monto adeudado es cerca de la mitad del total adeudado ($2.686 millones) aun cuando se trata de préstamos sin documentar.

El mayor acreedor de todos es el propio Rafael Abad García, quien figura como representante legal de Casa García a quien se le adeudaría poco más de $1.202 millones. En segundo lugar, está Comercial e Inversiones Principado por $686 millones, con domicilio en la misma tienda. También figuran otras empresas con la misma dirección, como la Sociedad de Inversiones Campomanés ($136 millones), la Sociedad Comercial e Inversiones Campoamor ($544 millones) y la Comercial Asturias ($25 millones).

También hay proveedores principalmente de prendas de vestir, varios de ellos de España, a quien Casa García les adeuda el pago de facturas.

En esta primera reunión, la liquidadora debiera informar acerca de los procedimientos a seguir para confirmar la existencia de las acreencias y pedir los inventarios de bienes a los cuales acceder para iniciar los pagos, aunque no se descarta que - si es viable desde el punto de vista económico - exista continuidad de giro, es decir, siga operando pero con otra empresa a cargo.

RAZONES

En los documentos presentados en el tribunal de Los Ángeles, que están disponibles en el sitio web del Poder Judicial (causa C-2745-2020), la empresa entregó las razones por las cuales la tienda debió pedir la liquidación (quiebra).

Básicamente, son cinco:

1.- La caída sostenida de las ventas producto de la competencia en el rubro del retail (en 2017 tuvieron ventas por $7.000 millones y el año siguiente cayó a $4.200 millones).

2.- Los elevados gastos operacionales que atribuyeron a un sistema un modelo de operaciones añejo y obsoleto.

3.- Las apertura de una tienda en Chillán que tuvo un costo de 750 millones de pesos que no habría generado ganancias.

4.- Los efectos del estallido social de octubre del año pasado que redujo los horarios de funcionamiento.

5.- El cierre del local en la atención a público, como consecuencia de la pandemia del coronavirus.