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Crónica

INDH explicó que existe preocupación, pero no pueden ejercer acciones contra la violencia rural

El Instituto Nacional de Derechos Humanos respondió a los contratistas forestales, los que pese a conocer las leyes, insisten en pedir al organismo que presente recursos judiciales para protegerlos.


 Por Benjamín Ahumada

ataque

Desde la institución recordaron que el mandato para ellos apunta a la defensa de irregularidades cometidas por agentes del Estado contra los ciudadanos, pero aclararon que ya han enviado oficios al Ejecutivo manifestando su preocupación por las víctimas.

El pasado 14 de septiembre la Asociación de Contratistas Forestales, pidió a través de una declaración pública que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se hiciera parte en la protección de sus trabajadores y que los tratase como víctimas de delitos de lesa humanidad.

Con palabras fuertes, el gerente de Acoforag, René Muñoz dijo que “los que han debido soportar y sufrir los efectos de la violencia destructiva, brutal y sin ningún tipo de control, alterando de manera sustancial el lugar y el ambiente de su trabajo”.

En este sentido apuntó que “la pasividad cómplice del Estado chileno, ha ayudado a que grupos violentistas se desarrollen y proliferen en los territorios del sur del país y vulneren con su actuar, todos los derechos humanos de los trabajadores forestales, a vista y paciencia de las instituciones cuya labor es preocuparse de apoyar y defender los derechos de todos los habitantes de este país”.

De esta forma, para el dirigente gremial, una de estas instituciones es el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), “cuyo funcionamiento se financia con los impuestos que pagan esos mismos trabajadores que han resultado golpeados, secuestrados, heridos, atemorizados y sometidos a permanentes violaciones de sus derechos humanos”.

LA ACLARACIÓN NECESARIA DEL INDH

La instrumentalización de las herramientas e instituciones del Estado para lograr objetivos sectoriales ha sido un mal de la política que aún no se logra sanar.

Eso se desprende de la aclaración que el capítulo regional del Instituto de Derechos Humanos hizo a La Tribuna, respecto de la demanda del gremio de los contratistas forestales.

Así entonces, la directora regional del INDH, Carolina Chang fue clara para responder una demanda que pensó había dejado claro en reuniones anteriores con Acoforag.

“De acuerdo a las declaraciones que hacen la Agrupación de Contratistas Forestales, nos preocupa, porque por una parte indica que nosotros deberíamos investigar y presentar querellas junto a una serie de cosas más que no están dentro del mandato legal del Instituto Nacional de Derechos Humanos”, comenzó relatando Chang.

Agregó que “el INDH protege, tal como dice su nombre, Derechos Humanos, es decir violaciones a derechos cometidos por agentes del Estado, no entre particulares, como es el caso que relata la asociación”, sin que eso excluya la preocupación que tienen la institución por todas las víctimas.

En este sentido, Carolina Chang también fue clara y tajante para pedir el termino de los mensajes a través de la prensa y dijo que “nos preocupa, el hecho de que nosotros hemos recibido a la Asociación de trabajadores a principios de año donde nos expusieron todos sus problemas y dentro del mandato legal del Instituto, nosotros les explicamos cuáles eran las facultades del instituto, que no nos podíamos querellar, ni presentar acciones judiciales”.

Para demostrar su preocupación en Biobío, la directora del INDH dijo que “lo que hicimos fue enviar al intendente de la Región del Biobío un oficio preguntándole acerca de las medidas que se han adoptado para proteger la integridad física y síquica de las personas y de los trabajadores forestales en particular”.

Se trata, aclaró, de un “oficio (que) no tiene respuesta, porque en definitiva nosotros le estábamos recordando las recomendaciones que ha hecho el Instituto al Estado, sobre todo lo que dice relación al Conflicto en Arauco y Araucanía, Estado – Pueblo Mapuche, que es precisamente el deber del Estado de protección de la integridad física y síquica de las personas, más allá es el Estado el que está obligado a ejercer estas acciones”.

COMPETENCIA DEL INDH, SEGÚN MANDATO

Pese a que se trató de un contacto aclaratorio, la directora regional del INDH en nuestra región, Carolina Chang también quiso explicar el momento que, por mandato, pueden actuar. “Si bien nosotros somos un organismo del Estado, somos un organismo que protege derechos humanos respecto de agentes del Estado, como por ejemplo cuando funcionarios policiales incurren contra el 150 A que es por apremios ilegítimos o tortura”, detalló la autoridad.

Agregó que “no tenemos acción legal respecto de esos hechos de violencia, entonces eso se los hemos explicado a ellos y la verdad es que volver a insistir y sobre todo por los medios, con un comunicado público, con declaraciones donde el INDH debe hacer funciones que escapan a su mandato legal, entonces nos parece que se está errando el mensaje”.

Y sobre su trabajo en medio de la violencia rural, Chang recordó que en sus informes anuales, siempre han incluido su preocupación por la materia, dejando claro, que más allá de eso no pueden hacer.

“El mensaje es al Gobierno o al Estado, que son los que deben proporcionar la seguridad básica que tienen que tener las personas.

Nosotros como mandato legal no tenemos esa posibilidad, si nos preocupa bastante la situación y el conflicto entre Estado y el Pueblo Mapuche, respecto de todas las personas que son víctimas de la violencia”.

Para cerrar, Chang insistió: “Hemos llamado en reiteradas ocasiones al diálogo, a que el Estado se acerque a las comunidades para que terminen estos actos del violencia. De verdad nos preocupa y nos preocupa enormemente como se está desarrollando la situación y es por ello que hemos hecho acciones que dicen relación con recomendar en el informe anual de la situación de los derechos humanos, en reiteradas oportunidades, que el Estado debe proporcionar la seguridad básica que se traduce en proteger la integridad física y síquica de las personas, incluidos por supuesto, los trabajadores forestales.


LA VISIÓN Y EL DESEO DE FICA

El gobernador de Biobío, Ignacio Fica tiene las cosas claras y sabe que el INDH tiene una orden constitucional que lo mandata para proteger a los ciudadanos de vulneraciones en sus derechos humanos que nacen desde el mismo Estado y sus agentes, en especial los de orden y seguridad.

Pero eso no quita su deseo de ver una institución que también se preocupe de estas víctimas. “Los transportistas que sufren violencia rural son víctimas, son víctimas y cuando ocurren estos hechos de violencia a los trabajadores, el INDH tiene mucho que decir, porque de alguna manera hay un daño y en algunos casos hasta irreparables de personas que sufren producto de estos hechos de violencia rural”.

Dentro de su deseo, Fica relata que: “Queremos que ellos sean un poco más activos en estas tareas, hoy necesitamos que estas personas sean consideradas y que se les haga el mismo seguimiento que se les hace a cualquier persona que es violentada”.

Con la experiencia que tienen el INDH en materia de apoyos y reparaciones, Fica repasa que “Nos hemos preocupado de los trabajadores, de darle una mayor seguridad a ellos, por supuesto que nos además nos preocupa cuando se pierden trabajos, pero aquí lo primero es la vida de las personas y creo que en eso el INDH puede aportar mucho allí”.

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