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Crónica

Carreteras hídricas: “Sería un tremendo error considerar la cuenca del Biobío como aportante de agua para el norte”

Las declaraciones las formuló Juan Vallejos, administrador de la Asociación de Canalistas Biobío-Negrete, quien participó en Santiago de un seminario denominado "¿Es posible regar un millón de nuevas hectáreas?" y luego en Los Ángeles en una charla sobre las conclusiones de un estudio desarrollado por académicos de la Universidad de Chile sobre el estado de las cuencas en el país.


 Por La Tribuna

RIO 2 río lomín

El administrador de la Asociación de Canalistas Biobío Negrete, Juan Vallejos, expresó un rechazo rotundo a proyectos que consideren intervenir los recursos hídricos de la provincia de Biobío, entre ellos, las propuestas de construcción de carreteras hídricas desde el sur al norte del país a modo de enfrentar la sequía.

En tal sentido expresó que el lunes último participó en Santiago de un seminario denominado “¿Es posible regar un millón de nuevas hectáreas?”, al que se sumaron los ministros de Agricultura y de Obras Públicas, entre otros personeros de Gobierno, en una jornada que tuvo por finalidad debatir y abordar en conjunto con agricultores, organizaciones y la sociedad civil diferentes alternativas que tiene el país para fortalecer la infraestructura de riego.

Al respecto, Juan Vallejos expresó cuestionamientos a los proyectos hídricos que son propuestos para llevar agua del sur al norte del país. “Lo triste es que nuestras autoridades y los inversionistas que desarrollan estos proyectos, llegan a la conclusión que sí es posible regar un millón de hectáreas”, comentó.

Al mismo tiempo cuestionó la forma en que se plantea abordar el panorama en el norte del país, argumentando que no se condice el problema con la solución. “Entonces uno se pregunta, ¿estamos dejando seco al país porque no hay precipitaciones? Se nos están secando los cultivos, hay gente que está sufriendo porque no tiene agua y nosotros vamos a tomar agua para regar otro millón de nuevas hectáreas y generar más escasez. No se entiende y no se condice el problema con la solución”, añadió.

En tal sentido, planteó que las alternativas ofrecidas, a su juicio, no abordan el trasfondo de la problemática que deriva de la sequía que se acentúa en el norte del país. “En eso como sociedad tenemos que darnos cuenta que hay otro trasfondo en la utilidad que tendrá la carretera hídrica y que no tiene nada que ver con solucionar el problema de la gente, que hoy día está sufriendo la escasez de agua. Es para otro objetivo y

no va a solucionar ninguno de los problemas que tiene el país con los recursos hídricos”, cuestionó.

Al respecto, sentenció que los proyectos presentados no se convierten en una solución, “todo lo contrario, generarán más problemas a las zonas donde se pretende llevar el agua y en las zonas donde se pretende sacar el agua… En definitiva, las carreteras hídricas, por lejos, no son una solución al problema de escasez de agua que tiene el país”.

Vallejos manifestó que uno de los proyectos ya fue ingresado al Ministerio de Obras Públicas y que pronto se sumará una segunda iniciativa que apunta a llevar agua al norte. “Estamos en una situación de escasez hídrica a nivel nacional que es bien dramática. En el norte, con un 70 a 80% de déficit hídrico, en una zona centro-sur cerca de un 50% y en la zona sur, también con falta de precipitaciones”, detalló, al plantear que las iniciativas podrían parecer razonables pero dado el panorama que se vive en el país, no serían iniciativas efectivas.  

PROYECTOS

La carretera hídrica consiste en un proyecto de cinco tramos de canalización, que permitirían transportar agua desde el sur hacia el norte del país, específicamente desde la Región del Biobío a Atacama.

De acuerdo a la última versión de la iniciativa, la longitud total de los tramos suma cerca de 3.900 kilómetros, ya que se trata de un trazado serpentino entre esas regiones. 

El proyecto de Juan Sutil es diferente al de la firma de capitales franceses Vía Marina que ya ingresó al MOP la solicitud de concesión de iniciativa privada de Aquatacama. Este plan consta de una tubería submarina que transportaría agua de sur a norte del país y que costaría más de US$ 8 mil millones.

Uno de los proyectos busca llevar una fracción de agua dulce desde la desembocadura de los ríos Biobío, Maule y/o Rapel, a través de un tubo depositado sobre el lecho submarino a lo largo de la costa chilena, para dirigirla a las regiones de Valparaíso, Coquimbo, Atacama y Antofagasta, con el objetivo de asegurar un caudal de agua estable para los asentamientos humanos de los valles de cada zona y también para el desarrollo de actividades productivas como la agricultura, que contaría con la gran mayoría del recurso, según se propone.

El administrador de la Asociación de Canalistas Biobío-Negrete

Juan Vallejos manifiesta que lo central es entender que las aguas son un bien integrado dentro de la cuenca. “Lo más importante es gestionar los recursos de forma integrada, dándonos cuenta que lo que hacemos en las partes altas, afecta a los usos en las partes bajas y también a un ecosistema”, expresó. Destacó en tal sentido el ciclo hidrológico, el cuidado de los glaciares, de las aguas que se acumulan, planteando que se debe dar una visión de largo plazo, que permita generar un sistema sustentable a nivel de cuencas.

NUEVA JUNTA DE VIGILANCIA

Actualmente la Asociación de Canalistas que preside Juan Vallejos está empeñada en conformar una Junta de Vigilancia del río Biobío, que por etapas agrupe a todos los usuarios de la cuenca, desde Nacimiento -en la laguna Icarpe y Galletué- hasta la desembocadura, “por lo tanto, va a permitir que esta organización realice gestión integrada de los recursos, permitiendo tener algunas acciones que permitan preservar los recursos hídricos en el futuro”.

Reconoció que se avanza en diferentes procesos contando con estatutos definidos entre todos los usuarios. “Lo que nos queda es definir exactamente quiénes son todos los usuarios que integrarán en una primera etapa la organización y después proceder con las exigencias legales para el registro de las organizaciones  en la Dirección General de Aguas”, comentó. 

Informó que se define a quienes cuentan con derechos de aprovechamiento consuntivos, como son las organizaciones de usuarios de las aguas, los industriales y las sanitarias pero además quienes disponen de usos no consuntivos, como las hidroeléctricas, pesqueras o similares. “Entonces, en la medida que todos estos usuarios estén registrados en la Dirección General de Aguas van a formar parte de esta junta de vigilancia y, una vez que esté formada, la idea es incorporar a otros usuarios, que no tengan sus derechos inscritos pero que sean usuarios haciéndolos parte de esta organización”.

ESTUDIOS

Un grupo de académicos de la Universidad de Chile abordó en Los Ángeles aspectos relacionados con la disponibilidad de agua y la potencial demanda en el norte del país, en convocatoria realizada por la Corfo.

Rodrigo Fuster, ingeniero agrónomo del Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales Renovables del Laboratorio de Análisis Territorial manifestó que se estudiaron varias cuencas “y en todas se evaluó si físicamente hay agua en los ríos, si hay o no disponibilidad legal de derechos. En ambos casos, la información es poco disponible

pero claro el objetivo que tiene Corfo -no este proyecto en particular- es evaluar si hay disponibilidad pensando en potenciales proyectos de trasvase de agua con esta mirada que se plantea de sur a norte- pero no es el foco de este proyecto en particular”. Agregó “hoy día, tomar decisiones con la información disponible necesariamente lleva a una cuota de incertidumbre importante. Esa creo es una de las principales conclusiones”.

Por otra parte, Andrés de la Fuente, ingeniero agrónomo y académico del Departamento de Ciencias Ambientales y recursos naturales manifestó que el alcance de este estudio, tiene que ver con la disponibilidad jurídica, es decir la posibilidad de seguir otorgando derechos para decantación de aguas superficiales. Expresó que “es muy difícil llegar a realizar balances con la precisión que se necesita porque hay un problema de disponibilidad de información. Realmente cuesta mucho llegar a determinar cuánta es el agua que está comprometida en forma de derechos. Es una de las grandes dificultades que encontramos a nivel nacional. Esa falta de información derivó que el estudio fuera general y por lo tanto no nos fijamos en ríos específicos sino que en unidades de análisis, que son equivalentes a pequeñas subcuencas dentro de las cuencas”. 

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