De las rejas a la reinserción: un derecho de todos

Marcela Vidal Rebolledo

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Hablar de reinserción siempre es un tema latente y tiene diversos puntos de vista para la sociedad, considerando el nivel de delitos que cometan los involucrados. Sin embargo, este es un derecho para todos que se busca aplicar con apoyo social por medio del proyecto denominado “+R”.

Diario la Tribuna conversó con el seremi de Justicia Sergio Vallejos, quien dio a conocer cómo se está impulsando este plan a nivel provincial con el fin de lograr incorporar a estas personas a la sociedad, apuntando a un cambio de vida que lleva consigo un importante trabajo benéfico de por medio.

Al respecto, el representante de la cartera explicó que se trata de un programa que se está lanzando a nivel nacional, el cual permite capacitar e insertar laboralmente a quienes han sido privados de su libertad y disponen de buen comportamiento.

El objetivo es implementar una política que entregue mayores oportunidades a estas personas que cumplen diferentes tipos de condenas, apuntando a abarcar este problema de seguridad pública que se mantiene latente en todos los estratos sociales.

Hay que tener presente que, según cifras estregadas por el seremi de Justicia, según un estudio de Paz Ciudadana efectuado el año 2012 –cuando se comenzaron a realizar los primeros análisis–, se determinó que un 51% de la población que cumple su condena privada de libertad vuelve a cometer un delito dentro de los tres años siguientes al egreso de la unidad penal.

 

UNA REALIDAD LATENTE   

Sobre esta situación, la autoridad de la cartera de Justicia explicó que el desarrollo de este programa se enmarca en la idea de disminuir la reincidencia. Es un plan impulsado por el Presidente de la República y el ministro de Justicia, creado por medio de mesas regionales.   

Con base en este proyecto, el seremi agregó que “el objetivo de esto es evitar que las personas vuelvan a cometer actos delictuales; por ello, se realiza un programa con varias etapas para capacitarlos laboralmente”.

La autoridad agregó que este programa se realiza en dos etapas. La primera de ellas es la implementación de centros productivos al interior de los penales para que los usuarios puedan trabajar mientras cumplen condena.

Posterior a ello se pasa al trabajo denominado “extramuros”, donde se entregan permisos de salida si se cumplen ciertas condiciones, que son supervisadas por profesionales. Ahí, la empresa garantiza un año de trabajo.

Un punto importante de esta iniciativa es que en todo este periodo, los beneficiados se mantienen con ayuda psicosocial y capacitaciones, lo que también significa un esfuerzo integral.

“En este proceso hay que capacitar laboralmente a las personas, buscarles un trabajo, hacerles acompañamiento a la empresa y mantener apoyo social y psicológico para evitar la reincidencia. Esto, considerando que son personas que están terminando sus condenas”, mencionó el seremi.

 

TRABAJO: UNA NECESIDAD PARA TODOS

Actualmente son muchos los reclusos que postulan a este proyecto con la esperanza de darle un giro a sus vidas y de esta manera volver a ejercer alguna función que le permita tener un sustento.

Hasta este momento, a nivel nacional existen 405 personas que están postulando a diferentes labores. En la región son 25 los beneficiados entre cuatro comunas: Concepción, Yumbel, Mulchén y Coronel. Ellos fueron escogidos por Gendarmería y comenzará la etapa de capacitación con clases de albañilería el 1 de junio.

En medio de ello, los beneficiados tendrían la oportunidad de ser contratados por empresas constructoras y de otra índole por medio de un proceso de adaptación, ya que en muchos casos se trata de personas que nunca han tenido un trabajo. 

UN BENEFICIO PARA TODOS

“Gracias a este programa se genera un beneficio económico al país. Hay un estudio llamado ‘Empresas y sociedades’ que dice que por cada peso que se invierte en reinserción, el Estado se ahorra seis pesos, y por cada persona que se reinserta y deja de cometer delitos, el Estado se ahorra 14 millones 400 mil pesos y la víctima de los delitos se ahorra cinco millones”, comentó el seremi de Justicia.

Actualmente, el costo de mantener a una persona privada de libertad para el Estado es de alrededor de 700 mil pesos mensuales, los que podrían ser destinados a educación, salud u otros servicios más críticos para la sociedad.

Uno de los casos que se dio a conocer en medio de este lanzamiento fue el de Carolina, quien se encuentra en periodo de condena y fue contratada por la empresa Mundo Pacífico.

La beneficiada comentó estar muy motivada por el beneficio. “Estoy feliz. Llevaba mucho tiempo buscando trabajo en el mercado, pero contar con antecedentes te cierra muchas puertas y esto es importante, porque sin la reinserción esto no sería posible, por ello el llamado que hago es a que las empresas nos den la oportunidad; uno puede trabajar bien o mejor que cualquier otra persona”, comentó esta mujer, quien comienza actualmente una vida nueva.