Bío Bío: Sólo un 10% de cumplimiento en la normativa de acceso universal

Ajuste a las vías de evacuación, servicios higiénicos, estacionamientos, asesores y rampas, son algunas de las  modificaciones que se establecen en el Decreto Supremo 50 de Accesibilidad Universal, que regula los estándares de diseño y construcción en Chile, dando cumplimiento a la Ley Nº 20.422 sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para que independiente de su condición, puedan tener acceso a los edificios públicos y privados.

La normativa entró en vigencia el 4 de marzo del 2016, y daba un plazo de tres años a los edificios para adecuarse o regularizar la situación, fecha que ya se cumplió y hoy da cuenta de solamente un 10% de acatamiento en Biobío.

Para conocer más en detalle sobre este tema, y la situación local con respecto al acceso universal, en entrevista con la Tribuna, el seremi de Desarrollo Social del Biobío, Alberto Moraga explicó la labor de la cartera y el trabajo que realizan desde Senadis.

En primer lugar, la autoridad detalló que “el Decreto Supremo 50, que viene a regular esta materia, lo que establecía era, más que un cambio en cada uno de los edificios, asegurarse que estas condiciones existiesen para garantizar una equidad en cuanto a la atención que prestaban a las personas, y que la persona que entrara a estos edificios, efectivamente, pudiese sentirse como corresponde, igual en dignidad de derecho como cualquier otro chileno o chilena”.

A ello agregó que, respecto a esto se ha venido trabajando desde el año 2017, para saber cómo estamos como país, “el año pasado por instrucción del Gobierno central del Presidente Piñera, y particularmente también de la directora nacional del Senadis, Ximena Rivas, se hizo un catastro de más de 250 edificios públicos, para esto es también necesario saber lo siguiente, aquí Senadis cumple un rol de referente técnico, más que de fiscalización o supervisión”.

Puntualizando que el trabajo que tiene es de asesoría técnica de todas las reparticiones públicas finalmente, donde mediante lo que es un diagnóstico y plan de accesibilidad va asesorando los distintos servicios, para que en un índice de diagnóstico de accesibilidad que es el informe IDA, se pueda analizar cada una de las 87 condiciones que sale ahí para garantizar un 100% de accesibilidad en los edificios.

“Yo creo que la accesibilidad en general es un tema donde como sociedad nos falta mucho por avanzar y –precisamente- este es uno de los temas donde se ha avanzado, pero queda mucho por avanzar también, yo creo que hay que ser honesto y transparentar que en este caso se entiende que un edificio es accesible, cuando el 70% de las 87 medidas que mide este índice están cumplidas, y en ese sentido los números nos alientan a seguir trabajando para mejorarlo. Tenemos actualmente un 10% de cumplimiento”, sostuvo Moraga.

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN BIOBÍO?

Consultado sobre lo que se está haciendo en Biobío para aumentar el cumplimiento de la accesibilidad universal, y no dejar que esto siga siendo un problema, molestia e incomodidad para los discapacitados, y que la inclusión no sea una ‘orden’, si no que parte de la cultura, y normalización de igualdad, el seremi de Desarrollo Social dijo que “estamos estableciendo fuertemente convenios con las municipalidades para desarrollar estrategias de desarrollo local inclusiva, entregándoles de esta forma a cada uno de los municipios las herramientas, durante un año, para que ellos puedan crear su estrategia inclusiva local al territorio”.

Del mismo modo, explicó que esto es muy interesante, “nosotros anualmente estamos entregando recursos, el año pasado precisamente Mulchén fue una de las comunas beneficiadas, y la idea es ir descentralizando esta ayuda, entendiendo que el tema de la accesibilidad universal no sólo es un tema que tenemos que preocuparnos en la capital regional, sino que en cada una de las 33 comunas”.

Asimismo, la autoridad regional explicó que a través de Senadis han puesto gran énfasis en lo que es ayudar a las instituciones públicas, desarrollar tanto un diagnóstico como un plan de accesibilidad, “pero es necesario remarcar que la responsabilidad de establecer estos cambios en cada una de las reparticiones depende de cada uno de los servicios respectivos por cierto, ya que nosotros más que fiscalizadores somos asesores técnicos, de forma tal que esta ruta a la accesibilidad que ha planteado el Presidente Piñera, yo creo que, por cierto, nosotros como Estado tenemos un rol preponderante, pero también, no es menos cierto que cada uno de nosotros como chilenos y chilenas, y miembros de la sociedad de este país, tenemos que ir aportando”.

EL GRAN DESAFÍO QUE QUEDA POR CUMPLIR

Si bien se ha ido trabajando en el tema de la inclusión, esto avanza a paso muy lento, lo que se evidencia, por ejemplo, con el poco, o casi nulo cumplimiento de la de acceso universal en Biobío, donde se tuvo tres años para realizar las adaptaciones, y aún no se ven cambios, lo que se transforma en un gran reto, tanto para entidades gubernamentales como para la ciudadanía en general.

“El desafío es gigante, que es transformar Chile en un país realmente inclusivo, y todos los proyectos que son ingresados al banco integrado proyecto, y que son revisados por el sistema nacional de inversiones, deben cumplir con el criterio de accesibilidad universal, llámese una obra de un gimnasio, Cesfam, edificio consistorial, todo proyecto que ingresa a desarrollo social y familia, tiene que cumplir los requisitos que la ley de accesibilidad universal exige”.

Finalmente, el seremi recalcó que si bien se están haciendo las cosas, están al debe con la inclusión. “Nos queda todavía un largo camino, para que los edificios que ya existían puedan contar con criterios de accesibilidad, como ya te digo, nosotros estamos asesorando día a día, y cualquier duda o consulta que tengan, tanto los municipios como otros organismos, nosotros estamos para responderles”, puntualizó Moraga.

Cabe recordar que la iniciativa transfiere la responsabilidad de fiscalización del cumplimiento de esta nueva normativa a las Direcciones de Obras Municipales –DOM-, donde la entidad debe asegurarse que se cumplan los criterios de accesibilidad al 100%.

Y las multas definidas en la ley, ante el no cumplimiento de la nueva normativa de accesibilidad, van entre 10 y 120 UTM en una primer denuncia por edificación, y estas se duplican en una segunda denuncia. Y ya en una tercera instancia se realiza la clausura de la edificación.

Cabe señalar, que La Tribuna intentó contactarse con la encargada del DOM de Los Ángeles, para consultar sobre la implementación de las fiscalizaciones en la comuna, sin tener  respuesta hasta el cierre de la edición.