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La Tribuna

Nuevo Código de Aguas incorporaría mayor fiscalización y sanciones

por Juan Pablo Vergara

César Saavedra de la Dirección General de Aguas de la región del Biobío dictó seminario en Los Ángeles sobre las modificaciones que se le realizan a la legislación en la materia.

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Una mayor fiscalización para supervisar el correcto uso del recurso y la aplicación de sanciones para quienes hagan mal aprovechamiento del mismo garantizó el director regional de la Dirección General de Aguas (DGA), César Saavedra, en vista de los cambios que están siendo incorporados al Código de Aguas.

El funcionario expuso sobre el tema en Los Ángeles, en seminario organizado por su institución en conjunto con la Gobernación de Biobío y al cual asistieron agricultores de toda la provincia de Biobío.

En materia de fiscalización explicó que, además, de monitorear el uso efectivo del elemento y considerar multas, “se acortan los tiempos de aplicación del pago de patentes. ¿Cuál es la importancia de esa situación?, que si una persona tiene un uso o tiene un derecho que no utiliza y paga la patente, bajo estas medidas administrativas que se van a aplicar, en un plazo acotado se va a establecer si la economía de su negocio va a ir por seguir pagando la patente o devolver o renunciar al derecho”, detalló.

Respecto a los temas en que todavía no existe acuerdo hizo mención de manera especial a las dificultades que tienen  hoy las personas para regularizar sus derechos de aprovechamiento, subrayando de que se debe buscar un mecanismo más simple.

“Yo creo que la inmensa mayoría de las personas que no han regularizado es, principalmente, por un problema económico. Hoy en día realizar una regularización en términos de cuánto le cuesta a una persona, el Indap lo hace y lo tiene establecido y son del orden de un 1 millón 400 mil pesos. Yo creo que el Indap no tiene la capacidad económica para darles una solución a todos”, comentó.

“Si ideamos una forma más simple y de alguna forma le sacamos eslabones a esa cadena lógicamente que bajará el costo”, agregó.

Saavedra aseguró que el nuevo Código de Aguas equipara los derechos que pueden ejercer sobre el vital elemento tanto pequeños agricultores como grandes empresas o gremios como son las hidroeléctricas o la Asociación de Canalistas del Laja.

“Hoy día bajo estas circunstancias lo que se busca es el uso efectivo (…) Quien usa el agua no va a tener ningún inconveniente, pero quien no la usa o lo hace con un fin especulativo, de alguna manera se nos dan las herramientas administrativas para resolver ese problema”, afirmó.

“El código que actualmente nos rige y que se está viendo la manera de modificar incorpora el tema de que los derechos que están otorgados tienen que estar inscritos en el conservador y ahí solucionamos un problema, porque si no los inscriben de alguna manera nosotros vamos a entender que no los ocupan y como no los ocupan van a estar afectos a un pago de patente por no uso. Ahora tendríamos las herramientas para que la Tesorería General de la República pueda cruzar esa información y hacer el seguimiento efectivo en caso que no paguen la patente por no uso y así hacer el remate de ese tema en particular”, profundizó sobre el punto anterior el director regional de la DGA.

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