Presidente de la CUT hizo llamado: total alerta a la próxima negociación

En el contexto del segundo día del paro nacional del sector público, se efectuó una marcha que recorrió las principales calles del centro angelino, la que convocó más de 1000 personas entre funcionarios de Los Ángeles, como también de Santa Bárbara y Santa Fe.

La ruta se realizó por Villagrán, llegando hasta Rengo, subió por Valdivia y culminó en la Plaza de Armas.

En el transcurso los propios manifestantes se detuvieron, en la intersección de Colón con Rengo, en donde entonaron el himno nacional.

Alejandro Yáñez, presidente de la CUT de Los Ángeles, indicó que la demanda prioritaria en estos momentos es el reajuste de un 7% en las remuneraciones del sector público, y no el 3% que ha ofrecido el Estado.

Enfatizó, además, que la respuesta que han obtenido debe ser definida con elementos concretos y que satisfagan las necesidades de los y las trabajadores del sector público.

UNIR FUERZAS

Los manifestantes destacaron la participación de los jóvenes, quienes los acompañaron con batucadas y, expresaron, es un apoyo recíproco, ya que en marchas estudiantiles se les han adherido como forma de unión.

Mientras la marcha culminaba en la Plaza de Armas, Yáñez llamó a estar en alerta máxima para la próxima respuesta que dé el Estado, ya que, “si no hay una respuesta satisfactoria estaremos de nuevo en las calles”, enfatizó.

Agregó también que trabajarán juntos en el movimiento No + AFP y recordó asistir a la próxima marcha convocada para el 4 de noviembre del presente año.

Por otro lado, Gabriel Inostroza, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, agradeció la participación y el trabajo que desarrollaron en estos días de paro, dejando claro que el trabajo en unidad es el único que puede ganar.

DEMANDAS 

Nueve puntos componen las exigencias que sostienen el paro de 48 horas que convocó el sector público, en donde la principal es el reajuste salarial, para así permitir el aumento del poder adquisitivo de los empleados.

Se suman a las exigencias un avance por la equidad; la continuación de la implementación del Protocolo de Acuerdo 2014;  la garantía de una cobertura universal de reajustes y beneficios; un Estado empleador que garantice un trabajo decente; la garantía de los derechos sociales para las y los trabajadores del Estado; condiciones de trabajo; igualdad de oportunidades y libertad sindical.