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Crónica

Profesor angelino muere a causa de hostigamiento laboral

Contaba con una trayectoria intachable, con ninguna amonestación en su hoja de vida durante sus 31 años de carrera profesional.


 Por La Tribuna

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Por Carolina Lara Basso

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Dos paros cardiacos fueron los que terminaron con la vida del docente Raúl Isla Medina de 54 años edad, el cual se hallaba sumergido en una fuerte depresión por encontrarse excluido de sus labores como profesor.

El profesional se desempeñó durante siete años como encargado de la UTP y profesor de Lenguaje de la escuela de Puerto Aguirre, localidad ubicada en la región de Aysén, donde se trasladó a vivir junto a su pareja, Lucía Soto.

Durante su carrera logró realizar grandes hazañas y cosas por la escuela, tales como un fondo de 5 millones de pesos para construir una biblioteca y la excelencia académica en los años 2010-2011; ello, por ser el recinto educacional con más alto puntaje en el Simce de Lenguaje en la región de Aysén.

Cuando sganaron la suma de dinero antes mencionada, se encontraba como director de la escuela Pedro Aguirre Cerda el señor Manuel Ortiz, quien es ahora concejal por la municipalidad de Aysén.

La familia de Raúl Isla relató que la suma de dinero que iba destinada para la compra de libros y fabricación de una mini biblioteca desapareció, por lo cual el docente hizo una denuncia formal a Carabineros en marzo del 2013 por la desaparición del monto, el que debía estar materializado en el primer semestre del 2012.

El docente hizo, antes de poner la denuncia, todas las indagatorias para saber qué sucedió con el dinero, las que arrojaron que el monto de 5 millones de pesos fue entregado al ex director de la escuela y ahora concejal de Aysén, Manuel Ortiz.

Según la familia de Isla Medina, ese momento fue el inicio de las persecuciones y hostigamiento laboral, lo que fue apoyado por el alcalde de Aysén, Óscar Catalán Sánchez, aseguró la pareja del docente.

SUMARIO Y OTROS ACONTECIMIENTOS

En octubre del 2013 se inicia un procedimiento de investigación hacia el profesor Raúl Isla Medina, del cual -señaló la familia- no enviaron ninguna carta haciendo mención que se iniciaría un sumario en su contra, “nadie de la escuela sabía lo que pasaba”, detalló la pareja.

Raúl Isla se negó a participar del proceso; ya que nunca había sido notificado sobre él y por encontrar irregularidades en el procedimiento, “en la investigación no citaron a nadie más, a ningún docente o personal de la escuela, sólo a mi marido”, aclaró Lucía Soto, pareja del profesor.

En enero del 2014 se dicta el decreto Nº 0428, el que solicita la destitución del cargo a Raúl Isla Medina. El profesor fue notificado a la vuelta de sus vaciones de verano, a lo cual su reacción fue tomar un abogado y proceder hacer una reclamación formal del decreto.

El docente sigue trabajando en forma normal hasta el 11 de julio de 2014, pero cuando vuelve de su descanso de invierno, es notificado por el director del establecimiento, Marcelo Marchant, que debe cesar de sus funciones el 5 de agosto de 2014; ello, debido a que en marzo del mismo año se firmó el decreto Nº 425, el cual señaló que no fue acogida la reclamación anterior, por lo que se procede a la destitución del cargo, dejándolo sin sueldo mensual.

Cabe señalar que en el año 2013 lo sacaron de su cargo como encargado de UTP y de director subrogante, ya que el antiguo representante de la escuela. Dado lo anterior, llegan dos nuevas personas a trabajar en el colegio, una para hacerse cargo del establecimiento educacional, Marcelo Marchant, quien no participó en ningún concurso para el cargo, asegura la fmilia, y otro funcionario quien tomaba las funciones de UTP.

Por todo lo sucedido, el docente efectuó una nueva denuncia, en esta ocasión, ante la Superintendencia de Educación y la Contraloría, para informar lo que estaba sucediendo y para que hicieran una revisión al sumario administrativo.

La familia hace mención, que para el proceso de investigación, se sustentaban en decir; que él falto a su labor como profesor, por no cumplir con las planificaciones, cosa que según Lucía Soto, es totalmente falso, adicionando que las actas presentadas como prueba de ello no estaban firmadas y, que además, eran muy pocos los profesores que entregaban la planificación anual.

La Contraloría regional acogió la denuncia, por lo que se pronuncia en su dictamen Nº3176 de fecha 22 de agosto 2014, haciendo referencia a que la medida de la destitución no es aplicable, por lo cual Raúl Isla Medina debe ser reincorporado a sus labores, ya que el despido no se acogió a derecho.

Lo mencionado anteriormente no sucedió, eso ya que, según el jefe del DEM, Fabián Rojas Muñoz, el alcalde no le dio las instrucciones para su reincorporación, por lo cual el docente se encontró sin respuestas, trabajo y sin goce de sueldo.

Raúl Isla Medina era divorciado y la mamá de sus tres hijos había fallecido en 2013, por lo cual el sostenedor del hogar era él. Si bien el profesor trabajaba en la región de Aysén, sus hijos viven en la provincia de Bío Bío, dos de ellos con mayoría de edad, los cuales se encontraban estudiando.

Raúl Isla Medina, por los acontecimientos antes mencionados, se encontraba muy afectado, lo cual lo tenía sumergido en una depresión, debido a el cariño a la escuela, alumnos y vocación, además de no poder sostener a sus hijos económicamente, hecho que llevó a su hija de 19 años  dejar sus estudios y encargarse del sustento, así lo mencionó la pareja del profesor.

El 22 de noviembre de 2014 lo trasladan a la posta de la localidad, donde permaneció con molestias en espera de un avión que lo trasladase a un hospital, lamentablemente falleció en el mismo lugar producto de dos infartos al miocardio, los que habrían sido gatillados por el agobio laboral en el que estaba inmerso.

Cabe destacar que Puerto Aguirre es un lugar alejado, el cual queda emplazado en las Islas Huichas, archipiélago, por lo que se necesita de transporte aéreo o marítimo.

Hasta ese momento no se había entregado ninguna respuesta de reincorporación a sus labores, ni menos de pagar las remuneraciones faltantes, cosa que, según Lucía Soto, no ha pasado hasta el día de hoy, por lo cual ella elevó una nueva denuncia a Contraloría, para que investigaran al respecto y le hicieran llegar a los hijos el suelto faltante.

En una carta enviada al Diario La Tribuna, la familia hace mención que el interés de hacer pública esta situación es para que a ningún otro docente se le hostigue y humille, y para que ninguna persona pase por el agobio de la persecución laboral.

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