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Comisión de Economía rechazó Veto Presidencial a Proyecto de Servicios Básicos

Desde el Gobierno, el seremi de Economía del Biobío aseguró que el proyecto solo pone como Ley un acuerdo que ya existe y que aseguró es exigible y fiscalizable. En tanto, la diputada Joanna Pérez insistió en que La Moneda sigue con la clara intención de privilegiar los intereses de las empresas sobre los ciudadanos.


 Por Benjamín Ahumada

Pérez

Luego que el Jefe de Estado, Sebastián Piñera enviara el Veto Presidencial con el apellido de indicatorio al Parlamento, la Cámara de Diputados rechazó las indicaciones del mandatario y lo envió a sala con una sentencia negativa.

Así y luego que la Comisión de Economía rechazara el Veto, la autora de la iniciativa, diputada Joanna Pérez, señaló que “digamos las cosas como son, aquí, el Gobierno solo busca defender los intereses de las grandes empresas”.

La parlamentaria de la Democracia Cristiana agregó que “valoramos el rechazo del veto, pero creo que pudo haberse declarado inadmisible, porque definitivamente se aparta de la idea matriz del proyecto, ya que se estarían aprobando mayores gastos para las personas, al traspasarle costos, y eso es precisamente lo contrario de lo que busca esta ley. Este proyecto se presentó el 18 de marzo y el Gobierno no ha logrado entender. No nos veamos la suerte en esta comisión, hoy este proyecto no solo es inadmisible, por eso lamentamos que no se haya declarado así en la comisión, sino que es inaceptable, por eso se ha rechazado”.

La representante del Distrito 21 agregó que “el Veto suprime artículos perjudicando a las personas, traspasando costos y, además, elimina un artículo esencial que beneficiaba a las familias, un plan solidario de conectividad donde la ministra Hutt trabajó con nosotros”.

La falangista, que además es vicepresidenta nacional de la DC, señaló, que “no sé qué acuerdos está trabajando el Gobierno con las empresas, pero esta demanda debe quedar zanjada por ley, con transparencia, de cara a la ciudadanía”.

El veto pasará a la Sala con recomendación negativa por parte de esta comisión.

Así entonces, la diputada Joanna Pérez aseguró que “lo rechazaremos y ganaremos la insistencia con el proyecto original, aprobado con amplio respaldo por el Congreso Nacional”.

LA OPINIÓN DEL GOBIERNO

Desde el Gobierno el encargado de analizar el tema con La Tribuna fue el seremi de Economía de la Región del Biobío, Mauricio Henríquez.

El representante de La Moneda aseguró que: “Nosotros desde el Gobierno lamentamos que haya parlamentarios y una parlamentaria de nuestra zona que estén más preocupados de defender sus puntos de vista políticos, de dañar al Gobierno antes que a las personas”, apuntando claramente a la diputada autora del Proyecto, Joanna Pérez.

Henríquez aseguró que “el Proyecto de Ley, lo único que hace es transformar en Ley lo que ya está definido. Estos beneficios ya existen para las personas. Desde marzo que están disponibles.

En la región ya hay más de 10 mil familias que han suspendido sus pagos de electricidad, gas y agua”.

Sobre el funcionamiento del acuerdo con las distribuidoras, tras los episodios de los “cobros abultados”, la autoridad detalló que “hemos visto muchas refacturaciones que se hicieron en la siguiente medición, es decir tras realizar la lectura correcta y se corrigieron las mediciones”.

Sobre lo que ocurrirá con las empresas que aparecen como infractoras del acuerdo o bien, que cometieron errores pasando a llevar el acuerdo, el seremi de Economía confirmó que “el proceso de sanción ya ha tenido algunos avances, se han detectado algunas fallas y vamos a conocer los procesos de multas que deberían venir, pero no me puedo anticipar, porque eso es función de la SEC (…) pero que ya se deberían conocer durante las próximas dos o tres semanas por los cobros excesivos y por los cortes que se produjeron por los temas de los temporales”.

Si bien Mauricio Henríquez es parte técnica del Gobierno, igual respondió a las preguntas políticas que nacen tras las acusaciones de Pérez. “Yo creo que abiertamente falta a la verdad, que eso no es así, no tiene asidero en la realidad, muy por el contrario si fuese así no hubiésemos lanzado estos beneficios desde el 27 de marzo y ojo, estos beneficios son vinculantes, están en la SEC desde el 27 de marzo, por lo tanto son exigibles y fiscalizables”, cerró el seremi del Biobío, Mauricio Henríquez.

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